Dossier: Chile, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Movilización social, proceso constituyente y horizontes de posibilidad post 18 de octubre
La deuda interna de la democracia y su crisis en el estallido de octubre. Precios, salarios y deuda morosa en el Chile actual
Resumen: El artículo aborda el comportamiento de los precios, salarios y deuda morosa de las familias como una aproximación a la comprensión de las causas de la movilización social en Chile desde 2019. Si bien este país ha mostrado sólidos fundamentos macroeconómicos durante los últimos treinta años, estos han escondido importantes cuellos de botella para las familias como alzas de precios de bienes y servicios sensibles para la población, salarios estancados, una de las distribuciones del ingreso más desiguales del mundo, un mercado laboral heterogéneo y el crecimiento galopante de la deuda morosa de los mayores de dieciocho años. Se plantea que estas insatisfacciones económicas han puesto en apuro a las familias chilenas, especialmente a las más vulnerables y la clase media, las que exigen cambiar el modelo de desarrollo.
Palabras clave: Neoliberalismo, Desigualdad en la distribución del ingreso, Salarios, Deuda morosa.
The debt of democracy and its crisis in the social outbreak of october. Prices, salaries and unpaid debt in Chile
Abstract: This work approaches the dynamics of prices, salaries and unpaid debt of families as an explanation to the economic dimension of the social crisis. Although Chile has shown solid macroeconomic fundamentals during the last thirty years, these have hidden important troubles for families such as price rises for sensitive goods and services for the population, stagnant wages, one of the most unequal income distributions in the world, a heterogeneous labor market and the rampant growth of unpaid debt of those over eighteen years old. It is argued that these economic dissatisfactions have put Chilean families, especially the most vulnerable and the middle class, in distress, who demand a change in the development model.
Keywords: Neoliberalism, Inequity in income distribution, Salaries, Unpaid debt.
El estudio de la economía en Chile ha estado tradicionalmente al servicio del poder y de los grandes grupos económicos del país, enseñado y reproducido en las facultades de la carrera de ingeniería comercial. Es urgente formar una masa crítica que piense y debata la economía en una perspectiva heterodoxa, que plantee un modelo de desarrollo equitativo y sustentable. El conocimiento de la economía, la discusión económica y el cuestionamiento a los problemas de producción, distribución y escasez son fundamentales en este momento bisagra en el que se encuentra el país.
En este artículo analizaremos tres temas que consideramos explican, en parte, las causas económicas del levantamiento popular que comenzó en octubre de 2019. En primer lugar, evaluaremos el comportamiento de los precios y tarifas y cómo su dinámica afecta a la población. En segundo lugar, analizaremos los ingresos y la desigualdad. Finalmente, trataremos la deuda y la morosidad que enfrentan los hogares. Consideramos que estos tres grandes temas: precios, ingresos y deuda han terminado por crear un cóctel de frustración y desconfianza en las instituciones y en el sistema económico.
El concepto deuda interna1 que utilizamos para titular este artículo es una forma de representar la deuda social que tiene el Estado de Chile con las familias chilenas, a partir de la aplicación de su política económica. Esta deuda del Estado es también una deuda de la democracia, a la que se emplaza por los treinta años de abusos. Si bien muchos de estos hogares han visto disminuir la pobreza extrema y alcanzar un título universitario o un pequeño automóvil, al mismo tiempo acumulan una gran frustración debido al estancamiento de los salarios, a pesar de las extensas horas de trabajo; el peso de la morosidad en las deudas, la presión al presupuesto familiar que significan los incrementos de los precios y tarifas en las áreas más sensibles para la población. Todo esto mientras todos observamos como otros se enriquecen y viven en Suiza sin salir de Chile. No son treinta años ni cuarenta sino cincuenta. Tal vez más. Sin embargo, la frustración y la insatisfacción es con la democracia. Fueron los gobiernos electos los que apuntalaron, consolidaron y validaron los pilares económicos de la dictadura
El Chile de la OCDE. Tigre de papel
Chile ha sido destacado a nivel mundial por ser una de las economías en desarrollo mejor administradas del mundo. Esto llevó a que en 2010 el país sudamericano fuera incluido en la OCDE, organización que agrupa a las economías más desarrolladas del mundo. La gestión económica del país ha sido presentada a nivel internacional como un caso de éxito, tanto a nivel de opinión pública como a nivel de los expertos. Este prestigio internacional ha validado a su vez los principios del Consenso de Washington:
Política fiscal austera
Gasto público subsidiario
Impuestos universales
Tipo de cambio competitivo
Liberalización de los impuestos
Liberalización de la inversión extranjera
Privatización de empresas estatales
Desregulación
Seguridad jurídica a los derechos de propiedad.
Cuando las agencias de noticias del mundo comenzaron a relatar lo que pasó en Chile a partir del 18 de octubre hubo sorpresa y consternación. El modelo chileno se enarbolaba por la derecha de América Latina como un ejemplo a seguir. Mencionado frecuentemente, por ejemplo, por el presidente de Argentina y candidato a la reelección, Mauricio Macri. Que el modelo tambaleara ponía en jaque la sustentabilidad de los principios del neoliberalismo.
Los economistas ortodoxos no han podido explicar cómo un sistema económico que ha crecido sin parar por treinta años; que ha reducido la pobreza del 42% al 8%; que cuenta con el sistema financiero más sólido de la región y un desempleo con pocos registros sobre dos dígitos, haya podido tambalearse de esta forma, haciendo trinar sus fundamentos más sólidos. Se pasean por los canales de televisión explicando las bondades de la historia económica reciente del país:
Crecimiento sostenido
Inflación controlada
Sistema financiero sólido
Bajo desempleo
Reducción de la pobreza
En contraste, el peso de la realidad expuso el espejismo de la discusión económica en Chile durante los últimos años, centrada en alcanzar el producto per cápita para ser considerados desarrollados. Los datos que esgrimen estos economistas son correctos. Efectivamente, el país mostraba todas estas fortalezas macroeconómicas. Sin embargo, cada una de ellas esconde grandes dificultades para las familias. Como sabemos, la macroeconomía se dedica a estudiar los fenómenos económicos agregados, los indicadores macroeconómicos como crecimiento, inflación y desempleo. Y a su vez, la microeconomía analiza sectores económicos en particular, identificando el comportamiento de los actores que componen la economía. Es principalmente en esta última, la microeconomía, donde encontramos los cuellos de botella del sistema que no aparecen en la estadística macroeconómica que llena los anuarios del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la prensa financiera internacional.
El comienzo del experimento neoliberal
El ingreso de Chile en el neoliberalismo comenzó como un experimento. Después del Golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende en 1973 la política económica de la dictadura de Augusto Pinochet aplicó una reducción del gasto estatal, especialmente en los ítems Educación, salud y vivienda, el cercenamiento de los derechos laborales, además del predominio y desregulación del sector financiero, la apertura masiva de la importación, además de la incorporación de un IVA universal que perjudicó especialmente a la población de menores ingresos por ser un impuesto regresivo.
Después de unos primeros años de indecisiones y de carácter más bien pragmático (Davis, 1999), a partir del año 1976 comienza una política más clara orientada en el marco teórico del neoliberalismo, tal como paralelamente hacía Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra. A partir de estas políticas, se modificó el sistema tributario (1977 y 1984); reforma al sistema bancario (1975 y 1986), el Plan Laboral (1979), sistema de AFP (1981).
Precios y tarifas
Chile ha destacado a nivel internacional por su manejo de la inflación. Desde 1991 que registra una inflación controlada, sin pasar por fenómenos hiperinflacionarios o inflación galopante. Para ilustrar el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor observamos en la siguiente tabla que, a excepción de los años 2007 y 2008, el comportamiento general del IPC ha estado en el rango meta del Banco Central cuyo objetivo es mantener el índice de precios entorno al 3%.
Sin embargo, nuestra propuesta es observar el IPC a nivel desagregado por grupos de productos. El índice de Precios al Consumidor (IPC) se calcula a partir de la medición de alrededor de 300 productos divididos en 7 ítems. Para calcular el IPC se asigna una ponderación a cada grupo de acuerdo con el consumo registrado en la Encuesta de Presupuestos Familiares (EFP) del Instituto Nacional de Estadísticas (2018). Al analizarlos a nivel desagregado podemos advertir enormes diferencias en su comportamiento, con productos muy por sobre el IPC. Estos son: Alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, servicios financieros.
El incremento del IPC del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, alcohólicas y servicios financieros, por sobre el IPC, se explica por la estructura productiva. Están liderados por los productores locales, lo que podríamos denominar, la burguesía nacional. Los grandes grupos chilenos entre los que destacan el Grupo Luksic (Banco de Chile, CCU, Quiñenco, entre otras); Familia Solari (Falabella); Grupo Yarur (Banco BCI, Salcobrand, Carnes Ñuble); Familia Angelini (Celulosa Arauco, Copec, Metrogas); Grupo Said (BBVA, Embotelladora Andina, Parque Arauco). Estas cadenas oligopólicas tienen en el mercado interno un público cautivo, dada las características de los productos y las ventajas comparativas. Esto les da un control tal de la economía que los convierte en formadores2 de precios (Rabinovich, 2013).
En Chile se instaló el concepto abuso para identificar las malas prácticas empresariales de los grandes grupos empresarios locales. El papel tissue (papel higiénico), sector farmacias y comercialización de pollos son tres casos escandalosos de fijación monopólica de precios durante el último tiempo. Tres productos muy consumidos por las familias, proporcionalmente más para las familias más pobres del país. En los tres sectores la Fiscalía Nacional Económica halló fijaciones de precio de carácter monopólico a través de colusión de precios. En el caso del papel tissue se condenó a los grupos involucrados a indemnizar a todos los mayores de 18 años con siete mil pesos en agosto de 2019 (10 dólares). Este cálculo se basó en el consumo de papel tissue por cada adulto durante los años que se demostró esta colusión de precios. En el caso de las farmacias esto solo significó multas millonarias paras las empresas involucradas. El sector farmacias y laboratorios es un fijador de precios monopólicos en el país. Esto es especialmente nocivo para quienes son los mayores consumidores de sus productos, los jubilados. El caso de los pollos es el último de los que ha salido a la luz pública. En este caso, la fijación la hicieron las grandes superficies de ventas, los supermercados. La indemnización que actualmente solicitan las agrupaciones de consumidores se explica en los kilos de consumo de pollo promedio que consume un adulto multiplicado por el sobreprecio. Actualmente las agrupaciones de consumidores están solicitando veinte mil pesos (23 dólares actuales) de indemnización para todos los mayores de 18 años.
Todo esto pone en entredicho dos supuestos del milagro chileno: la bajísima inflación y el libre mercado. Como vemos, predominan las prácticas oligopólicas de un puñado de formadores de precios que tienen cautivo al mercado y en especial a las familias, sobre todo a las que proporcionalmente gastan más de sus ingresos en el ítem alimentos y bebidas. Para ilustrar este comportamiento de los precios tomaremos como referencia los precios entre el año 2013 y 2018 (INE, 2018). Los grupos de productos del IPC controlados por los productores locales muestran alzas nominales por sobre el IPC de referencia (15%). Alimentos aumentó un 25,3%; suministro de agua: 29,69; electricidad, gas y otros combustibles: 22,57; bebidas no alcohólicas 33,63; bebidas alcohólicas 31,97; servicios financieros: 34,69; enseñanza superior 28,14. En contraste, los sectores dominados por producción externa incluso redujeron sus precios. Calzado registró una reducción del 32,79%; textiles para el hogar: -20%; vestuario: -20.
Como vemos, el comportamiento de los precios es muy disímil. Los grupos de productos controlados por los grandes industriales internos registraron un incremento que incluso duplicó la inflación general medida en el IPC, como sucede con el sector de bebidas no alcohólicas, alimentos y servicios financieros. En contraste, los grupos de productos que fueron importados redujeron sus precios en más de un 30% en el caso del calzado y en más de un 20% en el caso de vestuario. Otro ejemplo claro es la adquisición de vehículos. En ocasiones se intenta medir el éxito chileno y el bienestar de las familias a partir de la adquisición de este bien durable. Sin embargo, estos son importados en su totalidad, a precios muy competitivos, registrando un incremento de solo el 4% para el período 2013-2018. Considerando que la inflación general del período fue del 15%, los vehículos disminuyeron su precio en términos reales. Esto demuestra que los precios del mercado externo, a partir de su alta productividad, se han traspasado al IPC general chileno, contrarrestando el comportamiento alcista de los grupos locales.
Por otra parte, las tarifas también han registrado alzas importantes. Abordaremos las que están directamente vinculadas en la memoria colectiva del inicio de las movilizaciones de 2019: transporte y electricidad. La tarifa del transporte público de la ciudad de Santiago ha evolucionado al ritmo de la inflación general. El pasaje de microbús pasó de 600 pesos en 2013 a 700 pesos en 2019, registrando un aumento del 15% para el período. A su vez, el sistema de Metro de la capital se incrementó en un 19% de 680 pesos en 2013 a 830 en octubre de 2019. Sin embargo, producto de las movilizaciones, esta última alza de 30 pesos del pasaje, del 6 de octubre, debió ser anulada volviendo a regir los 800 pesos previos, por lo que el alza del pasaje entre 2013 y 2019 fue finalmente del 15%. Si bien el alza de este servicio esencial ha ido al mismo nivel del IPC general, el porcentaje del salario mínimo destinado a transportarse es muy sensible, del orden del 13% en 2019. Sin embargo, esta situación ha sido más compleja aún en el período 2011-2012 donde llegó a representar el 20% de un salario mínimo, por la mayor alza del pasaje y el estancamiento de los salarios.
En línea con lo anterior, el día 4 de octubre de 2019, poco antes del comienzo de las mayores movilizaciones de la Historia de Chile, la autoridad anunció un incremento de la tarifa eléctrica de un 9% en promedio para el país y un 10% para la Región Metropolitana. Esto se sumaba al 10% de actualización en mayo de ese mismo año. Así, la tarifa se incrementó en 20% solo en 2019, mientras el IPC 2019 solo lo hizo en un 3%. 20% es un alza similar a los países con economías inflacionarias, equivalente a unos seis años de aumento del IPC general. La tecnocracia se excusó en el alza del dólar. Chile no es una economía dolarizada, excepto para el cálculo de las tarifas negociadas con las distribuidoras eléctricas y otras concesionarias del país. Estas cifras y estos fundamentos fueron y son claramente un aliciente para el descontento.
Salarios y desigualdad
Chile ha incrementado de forma sostenida su Producto Interno Bruto desde el año 1985, prácticamente sin excepciones. Sin embargo, este fuerte crecimiento ha estado caracterizado por la desigualdad en su distribución. Podríamos afirmar que el ingreso de la masa de trabajadores ha subido por las escaleras y los beneficios del capital por el ascensor. Si bien los salarios reales han crecido durante la última década, lo han hecho a un ritmo menor que la economía nacional.
Junto con esto, el grueso de los trabajadores se concentra en los salarios más bajos. El 74% de las personas recibe menos de 500 mil pesos (603 dólares). El 83% menos de 700 mil pesos (853 dólares de mayo de 2020). Estos no son los salarios esperables de un país de 16000 dólares per cápita.
Desigualdad: Distribución funcional del producto y distribución del ingreso autónomo
La desigualdad es una traba al desarrollo, afectándolo de forma negativa. Las elites extractivas (Acemoglu, 2012) llevan al fracaso a las sociedades inviabilizando el desarrollo, la equidad y el fin de la pobreza en los países. Analizaremos la desigualdad utilizando tres métodos: distribución funcional del ingreso, distribución del ingreso autónomo y coeficiente Gini.
La distribución funcional del ingreso calcula el porcentaje de participación que tienen los salarios y la retribución al capital como parte del PBI (Abeles, 2017). A partir de esta estimación se puede conocer la evolución que tiene la masa salarial en la riqueza total de un país. Se calcula especialmente en los países desarrollados para explicar el fenómeno de reducción de la proporción del salario en el producto desde 1980 hasta la actualidad (Piketty, 2014). Este escenario contrasta con los “años dorados del capitalismo”, entre 1945 y 1980, desde la posguerra hasta el auge de los neoliberalismos ¿Por qué esta tendencia internacional a la reducción de la participación salarial en el PBI? La razón más importante es el predominio de los mercados financieros. La rentabilidad del sector, en el largo plazo, no tiene contrapeso en la economía real. Son ganancias extraordinarias, incluso considerando el impacto de las crisis. Otra razón esgrimida es que la productividad ha crecido muy por sobre los salarios, como es fácilmente demostrable en los países desarrollados. A pesar del descenso observado, los países desarrollados se mantienen en torno al 50% de participación salarial en el producto. El otro 50% es retorno al capital.
La distribución funcional en América Latina no se parece a las economías desarrolladas. Tampoco está bien estudiada y hay dificultades para medirla, debido a la informalidad laboral. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones existentes no hay ningún país de la región en el que los salarios alcancen el 50% del producto (Abeles, 2014). Ahora, centrándonos en Chile, este país salió de la dictadura con una proporción del salario de solo el 38,7% (Abeles, 2014) del producto en 1990, consecuencia las políticas económicas neoliberales que destruyó el movimiento sindical, atomizando los sindicatos, diseñando una ley laboral que privilegiara la desregulación y la precarización. En el año 2000 la proporción de los salarios aumentó al 46,5%. Diez años después se ubicaba en el 45,4%. A pesar de que estas cifras mejoraron respecto a la paupérrima situación de los trabajadores en la dictadura, la masa salarial frente a la retribución del capital continúa disminuida, poniendo cortapisas a un desarrollo estable y sustentable que solo se podrá conseguir con una mejor distribución funcional del ingreso, superior al 50%, como tienen los países social y económicamente desarrollados.
En cuanto a la medición de ingresos autónomos de los hogares, Chile lidera el pelotón, con una de las peores distribuciones del ingreso. Para calcular el ingreso autónomo de los hogares se utiliza la encuesta de hogares y se divide a la población en deciles, calculando la proporción del producto que cada decil y percentil tiene como ingreso autónomo. En Chile el 1% más rico de la población obtiene el 19,9% del producto (Rossignolo, 2016). A su vez, la encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN, 2017) calcula que el 10% más rico de la población concentra el 38,1% de los ingresos monetarios del país y solo el 1,4% de este era captado por el 10% más pobre. El problema metodológico que presenta la CASEN es que los hogares de ingresos más altos tiendena subdeclarar sus verdaderos ingresos. Por esto es necesario tener en cuenta también datos tributarios. El estudio realizado por el Banco Mundial (Banco Mundial, 2015), a propósito de los efectos de la reforma tributaria de 2014, calcula un panorama aún peor en el que el 1% más rico de Chile captura el 33% de los ingresos. Sin duda, la mayor concentración de la OCDE.
Junto con esto, existe una gran heterogeneidad entre los distintos tipos de empleo. La principal distinción la hacemos entre el empleo formal e informal. Según el último informe trimestral del INE (2019) sobre empleo informal en Chile, este alcanza al 28% de los trabajadores. Este indicador se ha mantenido entorno al 30% durante los últimos años. Afecta de forma muy diferente a los diferentes deciles: alcanza un 60% en el primer decil, a lo que hay que sumar un 12% de personas de este decil realizando trabajo familiar no remunerado. Esto nos lleva a constatar que solo un 20% de los más pobres del país son empleados regulares con contrato. Esto muestra los problemas estructurales de la fuerza de trabajo en Chile. Es evidente que tenemos múltiples y heterogéneos cuellos de botella y desigualdades sociales, primero entre capital y trabajo, luego dentro del mismo mercado laboral.
A su vez, si analizamos el coeficiente de Gini, que considera el 0 como la máxima igualdad y el 100 como la máxima desigualdad, Chile tiene un índice de 46,6, según el Banco Mundial en el año 2018. Esto lo ubica como el décimo país más desigual de América Latina, con el importante detalle que tiene el segundo mayor ingreso per cápita, solo antecedido por Uruguay. Así, según este indicador (Banco Mundial, 2018), Chile es uno de los países más desiguales del mundo, ubicándose en el lugar 25 a nivel mundial, junto a países de mucho menor ingreso per cápita y nivel de desarrollo. Aún así, este era aún más desigual en 1990, por la política económica de la dictadura militar de Pinochet, con un índice de Gini de 57,2.
Deuda morosa de las familias
El modelo chileno ha celebrado el acceso al crédito de las familias. Sin embargo, la desregulación, las malas prácticas, los intereses abusivos y el incremento de los precios de los servicios financieros han llevado a las familias a una situación muy compleja. El endeudamiento es uno de los principales aspectos que destacan los chilenos para explicar el estallido social. Un 30% de los mayores de 18 afirma tener demasiadas deudas (Banco Central, 2018). Vivir con deudas. Vivir para pagar. Deudas para mantener un estándar de vida, pero también por educarse y sanar. Para muchos, el crédito es parte de lo que consideran ingreso disponible. El problema del endeudamiento es que crece más que los salarios reales. Esto ha hecho que sea insostenible para muchas familias, cayendo en cese de pagos.
La morosidad afecta especialmente a los grupos etarios mayores, que no cuentan con ingresos genuinos para enfrentar los gastos de la edad como son los medicamentos. En el último reporte de deuda (Universidad San Sebastián-Equifax, 2019) este tramo etario es el de mayor dinamismo. Entre 2018 y 2019 la morosidad de los mayores entre 60 y 69 años creció en un 11%, de 394.285 a 439.133 personas que no pueden enfrentar sus deudas. Al no poder solventar sus pasivos una parte considerable de estas personas están económicamente quebradas. Sin embargo, según el mismo estudio son 4.733.306 chilenos quienes están en esta situación al año 2019, creciendo en un año más de 102 mil personas, lo que equivale a un incremento del 4%. A su vez, el monto promedio de la deuda morosa creció un 8% y actualmente se ubica en 1.864.724 pesos.
Siguiendo con ese estudio, la deuda morosa promedio avanza a pasos agigantados desde 2015 a 2019, creciendo un acumulado de 42% desde 1.342.029 pesos a 1.864.724 pesos. El análisis por cantidad de deudores morosos para el periodo descrito es de un 33%, de 3.860.193 a 4.733.303 en 2019.
Claramente este nivel de deuda morosa de los hogares chilenos plantea una difícil situación. La mitad de los adultos de Chile está cerca de la inviabilidad económica por no poder solventar sus deudas, contabilizando cada vez más ancianos, sobre 60 y hasta sobre 80 años. Es cierto, Chile redujo la pobreza por ingresos desde un 40% en 1990 a un 8% en la actualidad. Sin embargo, la mitad de los hogares chilenos tiene deudas morosas por lo que muchas familias eligen si comen o pagan su deuda. Los extranjeros que visitan Chile se sorprenden de su modernidad, de la cantidad de automóviles nuevos, del consumo en los centros comerciales. Sin embargo, toda esa fantasía del consumo se ve desnuda en el análisis de la dura situación de la economía familiar de la mitad de los hogares chilenos.
La otra cara de la moneda son las enormes ganancias del sector financiero a propósito de este endeudamiento. A simple vista podría parecer que a la banca y el retail les preocupa este nivel de deuda morosa. Pero no es así. Es un buen negocio que se financia con intereses caros y con la venta de carteras de deuda morosa a otras empresas que a su vez centran su función en la cobranza de este tipo de deuda a partir de acciones judiciales. Similar a los fondos buitres del sistema financiero internacional respecto de la deuda pública de los países en cesación de pagos, pero de las familias.
Comentarios finales
Chile ha gozado de una economía sólida y prestigiada a nivel internacional que ha sido utilizada como ejemplo de gestión económica para muchos países en desarrollo. Este país comenzó con el experimento del neoliberalismo a mediados de los años 70. La economía creció de forma sostenida a lo largo de los años de recuperación de la democracia; se abrió al mundo, redujo su inflación a las metas del Banco Central, disminuyó la pobreza y el desempleo. Todo esto hace tan difícil comprender, tanto para las elites como para los economistas que pululan en las oficinas de los grandes grupos económicos, así como en los pasillos del Estado, que la población estuviera insatisfecha, frustrada y que quisiera avanzar hacia un modelo alternativo. En Chile se comenzó a plantear la dignidad como un objetivo, así como el bienestar. Eso es muy interesante de analizar.
A lo largo de este breve estudio presentamos algunas variables que deben considerarse al analizar el modelo chileno y las insatisfacciones económicas que ha producido en la población. La presión de los precios de los bienes más sensibles para la población de bajos ingresos: alimentos y tarifas de servicios públicos. Vimos como estos precios y tarifas están fijados, a su vez, por grupos económicos nacionales que los producen, distribuyen y comercializan, incrementando sus precios al doble del IPC. Situación opuesta a los bienes importados que disminuyen sus precios nominales y reales.
Al tiempo que los precios y tarifas sensibles para los hogares suben más que el IPC general, los salarios crecen lentamente, especialmente el salario mínimo fijado por ley. Este crecimiento salarial es muy menor que los países con los queremos compararnos por tener un producto per cápita similar como es Portugal, por ejemplo. Salarios con crecimiento lento en un país de crecimiento sostenido. Esto está explicado por la enorme desigualdad del país, verificada en el coeficiente de Gini. También en la distribución funcional del Producto entre masa salarial e ingresos del capital. Y peor aún, en la propia masa salarial al registrar un 30% de empleo informal y la mayoría de los trabajadores en los menores tramos de ingreso.
A esto sumamos también el peso de la deuda, especialmente de la deuda morosa, originada por salarios estancados y desregulación financiera. Pero a su vez, esto no es un problema para el sector financiero sino una oportunidad de crédito riesgosos a tasas más altas.
Quedan temas importantes fuera que, por extensión, no es posible tratar. Especialmente el sistema de pensiones del país. Un sistema de capitalización privada que no ha cumplido con ninguna de las metas que fijó en 1981 cuando se creó. Un sistema que tiene al 50% de los jubilados cobrando menos que el salario mínimo, lo que ha empujado a nuestros mayores a la pobreza y al endeudamiento. Es, sin duda, uno de los pilares claves del modelo chileno no solo por lo injusta de la distribución de los fondos sino también por la enorme inyección de capitales que significa para los grandes grupos económicos del país. Los aportes de los trabajadores significan varios puntos del PBI frescos para las acciones de las compañías nacionales. Incluso aceptando el sistema de fondos de inversión, los grupos nacionales tampoco son la mejor alternativa disponible, entregando rendimientos inferiores a otros fondos de inversión en el extranjero.
El desafío sanitario que enfrenta el mundo y el país en 2020 ha puesto en evidencia la importancia de contar con Estados capaces de garantizar derechos sociales como salud, trabajo, vivienda y alimentación. El contraste de la gestión de la crisis entre el gobierno argentino y chileno ha puesto aún más al desnudo que la solidez económica de Chile esconde una enorme fragilidad social y económica de las familias, sumado a una incapacidad del Estado y su modelo de desarrollo.
Referencias
Abeles, M. (2014). Participación del ingreso laboral en el ingreso total en América Latina, 1990-2010. Revista de la CEPAL, (114), 31-52.
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Acemoglu, D. y Robinson, J. (2012). Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Madrid: Ediciones Deusto.
Ffrench Davis, R. (1999). Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: tres décadas de política económica en Chile. Santiago: JC. Sáez Editor.
Kremeran, M. (2019). Los bajos salarios en Chile. Un análisis de la encuesta CASEN 2017. Ideas para el buen vivir, (14), 1-9.
Piketty, T (2014). El capital en el siglo XXI. Buenos Aires: Editorial Fondo de Cultura Económica.
Rabinovich, J (2013). Formadores de precios e insumos difundidos: significación y consecuencias de la concentración y extranjerización económica. Casos sectoriales: acero, aluminio y cemento. Buenos Aires: SIGES.
Rossignolo, D, Villacreses, N. y Oliva, N. (2016). Cálculo de la concentración de los altos ingresos utilizando datos impositivos. Un análisis para Ecuador. CEPAL.
Fuentes
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Instituto Nacional de Estadística (2017). Índice Nominal de Remuneraciones (IR)- Índice Nominal de Costos de la Mano de Obra (ICMO).
Instituto Nacional de Estadística (2018). Índice de Precios al Consumidor (IPC) Cobertura Nacional. Año base 2018.
Instituto Nacional de Estadística (2019). Índice nominal del costo de la mano de obra (ICMO). Base anual 2016=100.
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Encuesta CASEN 2017.
Banco Central de Chile (2018). Informe de estabilidad financiera. Segundo Trimestre 2018.
Universidad San Sebastián-Equifax (2019) XXIV Informe de deuda morosa. Primer trimestre 2019.
Banco Mundial (2015). Chile - Distributional effects of tax reform 2014: Chile - Efectos distributivos de la reforma tributaria 2014.
Banco Mundial (2018). Piecing together the poverty puzzle. Washington, USA.
Banco Mundial. Índice de Gini Chile. Recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?end=2017&locations=CL&start=1987&view=char
Notas
Recepción: 19 Mayo 2020
Aprobación: 19 Agosto 2020
Publicación: 01 septiembre 2020