Dossier: Chile, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Movilización social, proceso constituyente y horizontes de posibilidad post 18 de octubre

La historicidad de una alternativa ecosocial: origen y características de la crisis socioambiental tras el 18 de octubre

Introducción

Toda crisis coyuntural es, por contingente que parezca, una forma de ser de contenidos sociales profundos, persistentes y fundamentales. Nos proponemos analizar aquí algunos de ellos. En primer lugar, el proceso histórico de largo plazo que ha tenido por resultado configurar un metabolismo socioambiental que ha caracterizado la crisis socioambiental y la conflictividad social y política asociada a ella (Machado & Merino, 2016). Propondremos tres momentos que han marcado un periodo en el cual el capital ha producido no solo un marco político institucional para su desarrollo, sino que ha dispuesto su sustento económico a través de la naturaleza extra-humana, es decir, se ha constituido como un agente promotor de una ecología particular: la de territorios subsumidos en escalas mundiales de valor. En segundo lugar, ligado al análisis anterior, examinaremos el mecanismo social que, según consideramos, se encuentra en el núcleo del metabolismo social y la conflictividad que le es subyacente, la renta de la tierra.

Sugerimos, a modo de hipótesis general, que es la búsqueda sistemática por obtener renta de la tierra lo que articula y moviliza este modo de metabolizar la vida social y ambiental en Chile. Es un tipo de ganancia-beneficio capitalista en concreto, un interés perseguido por distintos actores, principalmente los propietarios de tierras y agua, lo que instala la crítica realidad ambiental en los distintos territorios del país. Asimismo, la obtención de renta de la tierra ha marcado la orientación de los tres grandes nodos históricos que han conformado el metabolismo socioambiental en el que vivimos hoy en día: el formado a partir de 1977 y la nueva institucionalidad diseñada en dictadura; los años noventa y el arribo y consolidación de grandes enclaves rentistas; la década del dos mil y los ciclos de acumulación intensiva de capital. Por último, considerando estas sedimentaciones históricas es que se pueden establecer ciertos parámetros programáticos y vías alternativas a los modos de gestión del capital sobre los territorios.

La sedimentación histórica de los metabolismos socioambientales de la renta de la tierra

Los puntos de partida. La crisis económica, política, social y cultural que vivió el mundo durante los primeros años de la década del setenta del siglo XX, tuvo repercusiones colosales, mantenidas hasta el día de hoy, en cuanto a la reconfiguración del orden mundial (Hobsbawm, 1998; Brenner, 1999). A partir de allí, sin ir más lejos, se haría históricamente viable la difusión e implementación de lo que después se llamaría un programa “neoliberal”. No porque éste se planteara como un receta ideal y abstracta a seguir, sino porque en las nuevas necesidades del capital como unidad mundial, se hallaban condiciones para dar viabilidad a algunas de esas premisas “neoliberales”. Por ejemplo: la necesidad de precarizar y flexibilizar las condiciones de trabajo; la “financierización de la economía” como ámbito de organización de la producción y la vida social mediante la deuda; el papel activo pero subsidiario del Estado respecto a la inversión de capital; la entrega al mercado, esto es, a la valorización más elemental, de derechos sociales antes garantizados como la salud, la previsión social o la educación; la creación de nuevas zonas ecológicas para la reprimarización de bienes comunes naturales; la desindustrialización y una larga e interminable lista de características que no es posible desarrollar acá (Harvey, 2004).

Sin embargo, hay que destacar dos dinámicas, sin duda indisociables, que dan cuenta de una nueva orientación general de la actividad mundial. Por un lado, tras la crisis mencionada se asiste a una nueva división internacional del trabajo, que relocaliza las áreas de producción e impone tareas específicas a cada una de ellas. Destacamos este punto porque la principal función impuesta a América Latina, salvo excepciones, es la apropiación ecosistémica, la privatización de bienes naturales comunes y producir a partir de ello materias primas, mercancías para el mercado mundial, “commodities” (Gudynas, 2009). Antes, sin embargo, esta región ya lo hacía, la diferencia es que esta nueva reconfiguración hecha por tierra la posibilidad, antes considerada por amplios sectores de la sociedad como plausible y deseable, de hacer con estas mercancías algo más, en el mismo país desde donde se extraen.

En segundo lugar, la situación mundial estableció, más producto de una dinámica histórica imprevista que por un cálculo político, económico e ideológico racional, ciertas coordenadas para gestionar el problema de la población. Si antes en los llamados “Estados de Bienestar” o “Estados Capitalistas de Compromiso”, existía cierto consenso en que la población que percibiera ingresos se encontraba en una relación de responsabilidad con el sector de la población que no se encontraba en las mismas condiciones, a partir de 1973 esto comenzará paulatinamente a cambiar. Paralelamente, las concepciones políticas, orientaciones ideológicas y las propuestas programáticas de las agrupaciones que podían mantener un sentido de responsabilidad, solidaridad y redistribución social, no tenían capacidad de impulsar estas perspectivas, tanto por renovación de sus horizontes como por la imposición de nuevos patrones de acumulación que lo hacían en extremo dificultoso. De esta manera, tomó forma histórica lo que Marx llamó “sobrepoblación relativa”, o sea, fracciones de la población que sobran respecto a las necesidades de valorización del capital (Kabat, 2009). A partir de ahora, serían una preocupación del Estado, de su actividad propia como “cuentapropista”, de emplearse en sitios aún más precarios que la media social, el delito y crimen organizado o ser, derechamente, un fragmento de la población catalogado como “problema humanitario” y gestionado por ONG’s y otras entidades. Población que, sin embargo, siempre estará ahí presionando por ocuparse en los centros del capital y, por lo tanto, relativizando la importancia de los obreros actualmente ocupados por él. Marx le llamó también el “ejército industrial de reserva”. Es esta dimensión, como espacio de reserva de población obrera sobrante la que se ha impuesto a América en el escenario mundial. En ese espacio no solo las empresas dedicadas a la elaboración de materias primas encuentran una fuerza de trabajo que se paga por debajo de su valor, gracias a la presión a la baja del “ejército industrial de reserva”, sino que hay capitales que encuentran nichos de acumulación en sectores de la población radicalmente desprotegida y sin derechos sociales garantizados: se transforma en mercancía la salud, educación, etc., permitiendo que las fracciones del capital financiero y comercial, entre otras, también participen de las ventajas del expolio de las condiciones de vida de la población en general.

En suma, a partir de la crisis de los años setenta se establecen las coordenadas y dinámicas mundiales que gobernarán las décadas posteriores, imprimiendo nuevas configuraciones en el funcionamiento de la vida social. Dos de ellas son particularmente destacables para América: el emerger como espacio reprimarizado y el ser reserva de población obrera sobrante. Sobre estas bases se reestructurará la “revolución capitalista” ocurrida durante dictadura en Chile. Pero también sobre ellas fermentará una conflictividad, de alcance estratégico, que desembocará en una crisis de reproducción social verificada con intensidad desde comienzos del siglo XXI.

La revolución capitalista en Chile

Es sabido que el día del golpe de Estado el personal civil y militar a cargo de la nueva situación política no tenía un proyecto ni un plan orientador único para el mediano plazo (Gárate, 2012). Era más fuerte que todo el sentido anticomunista. A nuestro parecer, en la conformación de la fisonomía “neoliberal” que tomará el país pesaron por lo menos tres dinámicas: i) las disputas al interior del personal político dictatorial, sus diversas fracciones en pugna por marcar la pauta del rediseño de la vida social (“ibañistas”, “neoliberales”, “nacionalistas”, “gremialistas”, “duros”, “blandos”, etc.), las que estuvieron presentes durante toda la dictadura y que impedían tomar un camino doctrinario “puro” (Valdivia, 2003); ii) los antagonismos sociales, resistencias, reemergencias del protagonismo popular y de izquierda, situaciones de crisis económicas, etc., todas las cuales intervinieron activamente en el debate sobre la orientación del itinerario dictatorial (Moulian, 2002, p. 213); iii) la nueva configuración mundial y si, para acoplar mejor en ella, se requería una “restauración de las pautas previas a la Unidad Popular o se requeriría un marco “refundacional”.

Es por una combinación de estas dinámicas que en diversos momentos de la dictadura se van tomando medidas que terminarán decantando en un proceso refundacional, pero cuyos contenidos e implementaciones estuvieron marcados por tensiones internas y, sobre todo, por la reemergencia de la conflictividad social a partir de los ochenta. Entre las medidas de reestructuración capitalista más importantes están el DL-600 (1974), el Plan Laboral (1979), la “Ley Minera” (1980), la Constitución Política (1980) y las políticas sociales neoliberales o “modernizaciones a comienzos de los ochenta, medidas continuadas y profundizadas por el itinerario de transición a la democracia fijado hasta finales de los ochenta y comienzos de los noventa (Bauer, 2002; Moguillansky, 1998; Moulian, 2002).

Desde nuestra consideración, este marco institucional y la emergencia de un nuevo tipo de actor social: el terrateniente rentista, especialmente los dedicados a la minería y la generación de energía para que esta funcione. También se cuentan entre estos fermentos los viejos y nuevos empresarios agrícolas, forestales y otros grandes grupos que verían su consolidación entrada la década del noventa y dos mil (Álvarez, 2015).

Este nuevo marco institucional es expresivo de, y a la vez se conecta con, al menos cuatro grandes dimensiones:

• Hacía sentir un nuevo sentido proyectual, no sólo entre quienes participaban del diseño político-institucional, sino por parte de los grandes grupos económicos, que comenzaban a hallarse en condiciones de pensar escenarios de acumulación para el largo plazo. Paralelamente, a finales de los setenta y comienzos de los ochenta, empiezan a arribar y explorar territorios grandes capitales mineros orientados principalmente al cobre.

• Esto último, en realidad, era la forma en que se comenzaría a reproducir los vínculos del marco de acumulación a escala nacional y el resto del mundo. Es decir, se comenzaron a fijar y proyectar espacios para la acumulación de capitales que subordinan territorios, ecosistemas, fuerza de trabajo e instituciones a procesos globales de acumulación. Los enclaves locales se hacían parte de una división internacional del trabajo que comenzaba, al menos en el área de “recursos naturales”, a ser comandada por una clase capitalista de carácter transnacional.

• Por lo mismo, desde que en 1977 la dictadura comienza a impulsar el giro institucionalizador, se percibe un aumento sostenido de inversión extranjera directa a los marcos nacionales de acumulación: por citar de ejemplo a uno de los sectores que mayor influencia tiene en la transformación y creación de metabolismos socioambientales para la acumulación capitalista, el cobre. Solo en minería no estatal, según datos de la CEPAL, ingresaron al país, entre 1974 y 1989, aproximadamente 90 millones de dólares anuales (Moguillansky, 1998; Lahera, 1981). Esto es bajo comparado con las cifras posteriores -tan sólo entre 1994 y 1995 fueron 1600 millones de dólares-, sirvió para abrir un camino a esas mismas inversiones, demostrar su viabilidad, a la vez que paulatinamente orientó la llegada de múltiples capitales transnacionales (Moguillansky, 1998; CEPAL, 1992). Tanto así que entre 1988 y 1990, finalizando la dictadura y comenzando la transición, el que es hoy el principal yacimiento productor del mundo, Minera Escondida, iniciaba sus operaciones.

• Esta institucionalidad, que capta la potencia histórica de la reconfiguración mundial y apuesta a vincularse a ella reprimarizando la producción, es la condición, la premisa para la sedimentación de un nuevo metabolismo socioambiental (Albala-Bertrand, 2006; Mattos, 1992; Vejar, 2014). Debido a que los sondeos exploratorios, en los estudios de impactos ambiental o el reconocimiento de las líneas de base “ecológicas” previas a las grandes intervenciones que se harían en las próximas décadas. Por otro lado, el inicio de operaciones, en un mercado desregulado y propenso a la disputa y competencia intercapitalista, necesariamente, a partir de los setenta en adelante, implicaría procesos de apropiación extensiva, subordinando cada vez más espacios-ecosistemas al proceso de acumulación de capital, y apropiación intensiva, es decir, esos mismos espacios sometidos a una degradación más profunda por ser agentes del capital (Moore J., 2013).

De esta manera, desde mediados de los setenta a fines de los ochenta, al menos desde lo que respecta a la constitución de un escenario de acumulación capitalista, nuevas institucionalidades y la fijación de las condiciones transformadoras de metabolismos socioambientales, se dan las condiciones para la emergencia de un nuevo tipo de actor social: el terrateniente rentista, especialmente aquellos dedicados a la minería y la generación de energía para que aquella funcione. También se cuentan entre estos nuevos fermentos empresariales los viejos y nuevos empresarios agrícolas, particularmente beneficiados con el Código de Aguas de 1981, las forestales, beneficias por el DL-701 y grandes grupos que verían su consolidación años después.

Los escenarios de institución del capital trasnacional (1990-2000)

Este momento tiende a coincidir con los primeros periodos de gobierno de la Concertación, pero en los hechos expresa continuidad y un desarrollo de las premisas constituidas en el momento anterior. Desde el punto de vista de las facilidades para producir más amplia metabolizaciones del capital, los gobiernos de la Concertación representaron agentes dinamizadores de la acumulación, permitiendo y facilitando que lo que en las décadas anteriores se encontraba en una fase de sondeo y exploración, comenzará a ejecutarse, iniciando decenas de ciclos de explotación (Debrott, 2002).

Se inicia un ciclo de apropiación extensiva, aumentan la cantidad de territorios y procesos ecosistémicos intervenidos y subordinados a capitales de menor escala o que operaban sólo en territorio chileno. Pero también a capitales de alcance transnacional, ya sea a nivel americano como mundial. Se establecen viejos y nuevos nichos de acumulación presentados como “diversificación”: cobre, litio, salmonicultura, energía, forestales, pesca, agricultura de exportación e industria (Klubock, 2014; Albala-Bertrand, 2006; Camus & Hajek, 1998; Mattos, 1992; Moussa, 1999; Vejar, 2014). Al mismo tiempo, estos enclaves fueron ampliando los espacios de “frontera” de acumulación, esto es, no solo incorporar zonas directamente al proceso productivo, sino generando espacios intermedios, híbridos, sometidos indirectamente a los ritmos del capital. Por supuesto, en estos diferentes tipos de espacios se deben considerar tanto la multiplicidad de ecosistemas y organismos vivos, como también las vidas de trabajadores y los tejidos sociales inmersos en la metabolización socioambiental de la acumulación capitalista.

La consolidación del superciclo de apropiación de renta de la tierra

Este periodo, que podríamos decir que va aproximadamente entre el 2000 y el 2013, tiene peculiaridades necesarias de destacar. Lo primero, es que es inexplicable sin considerar el momento de institucionalización de las necesidades del capital (1974 a 1988) y la larga fase de exploración, diversificación y ampliación de las fronteras de acumulación capitalista a través de la naturaleza. Es decir, la incorporación a procesos metabólicos de valorización a tejidos sociales y ecosistémicos cada vez más amplios. Es su fase extensiva, dijimos (1988-1999) (Moguillansky, 1998).

Lo segundo es que, gracias a este resorte histórico se inicia un ciclo de apropiación intensiva, es decir, no solo se ampliaron los enclaves de producción, sino que se intensificó el ritmo y escala de dicha actividad, sometiendo a poblaciones y ecosistemas a las labores de acumulación de capital. Ejemplo de ello es la compleja red metabólica-productiva que se da entre la minería y la energía. En este periodo la producción del cobre se amplió de manera sostenida y creciente: se incorporaron nuevos yacimientos, aumentó el rendimiento de los ya existentes, se consolidaron los actores que, sin contar a CODELCO, emergieron entre los ochenta y noventa. Se vivió lo que en América se conoció como el “ciclo de los commodities” y en Chile como el “superciclo del cobre” (Caputo, 2016; Claude, 2006). Es evidente que este enorme engranaje demandó energía para su funcionamiento, lo que motivó la diversificación de la matriz energética, aunque fundamentalmente “fósil”, y con ello la intervención de espacios, sistemas hídricos en particular, con altos niveles de impacto ambiental. Otro tanto puede decirse del sector agrícola, el cual, dinamizado por la demanda de una China en ascenso, intervino a niveles críticos prácticamente todas las cuencas hídricas de la zona central.

Nos interesa mencionar que este proceso es evaluado positivamente, como señal de éxito socioeconómico, por las capas dirigentes del personal político de la transición, el cual fue refrendado por nuevas creaciones a nivel institucional y exportado al mundo como modelo a seguir. Sin embargo, hay al menos tres consecuencias de alcance estratégico fraguadas en este periodo. En primera instancia, en este momento no solo se dieron las condiciones para que, justamente a través del control de espacios y procesos productivos, los sectores empresariales, cuya base de operación se encontraba en Chile, se amplíen ahora al resto de América y el mundo, sino que también se ofreció el terreno para que una clase capitalista transnacional continúe su proceso de formación y expansión. Anglo American, la privatización de ENDESA, BHP, AES Gener, GDF Suez, Mitzubichi, Xstrata, Mitsui, etc., son ejemplos elocuentes de este proceso. La consecuencia estratégica y a la vez condición de posibilidad de estas transnacionales, es que vinculan los espacios nacionales antes controlados por el Estado o capitales locales, a escalas de producción y circulación que sobrepasan la injerencia o capacidad decisional de estos. La división internacional del trabajo configurada en décadas anteriores ve aquí su desarrollo. El Estado y capitalistas menores, tienen escasas posibilidades de competir o disputar la conducción a los capitales transnacionales.

En segunda instancia, esta dinámica metabólica no opera en el vacío, por lo que infinidad de ecosistemas entraron en una crisis dramática: no lograban encontrar condiciones para su reproducción o, en otros casos, se vieron afectados de tal modo que sus deterioros se vuelven irreversibles, verdaderas “fracturas metabólicas” (Foster, 2004, p. 221). Esto comenzó a afectar cada vez más a poblaciones humanas vinculadas a algún momento de la producción (Acosta, 2016; Cuenca, 2008). Así, diversos tipos de malestares se hicieron patentes: falta de agua; pérdida de antiguos medios de empleo y subsistencia; migraciones forzadas; contaminaciones; pérdida o muerte de biodiversidad, etc. Se produjo y sigue en curso, una crisis socioambiental generalizada y sin precedentes, negada sistemáticamente por el personal político dirigente del Estado y por la mayoría de las fuerzas políticas del sistema de partidos. El sedimento estratégico de este proceso es que la condición de posibilidad de las clases capitalistas obtentoras de renta, todas provenientes de mercancías del “sector primario” es justamente la producción en espacios y metabolismos socioambientales cada vez más pauperizados. Este modo de producir no es, a nuestro juicio, radicalmente contrario a la vida, sino que genera todo tipo de vidas, humanas y no humanas, degradadas, precarias y, en algunos casos para nada extremas, imposibilitadas de reproducirse.

Una última dimensión estratégica que cristaliza en este periodo es que, dado lo anterior, se consolida la persecución de renta de la tierra como “palanca” o motor del metabolismo socioambiental más general. Su generación, obtención y disputa, consagra esta forma social como columna vertebral de la matriz productiva y el consenso que genera en la sociedad, vuelven prácticamente común un programa del bloque en el poder y que ha caracterizado, al menos hasta el presente, el sistema político en Chile. Es por eso que, brevemente, indicaremos sus principales elementos.

La importancia de la renta de la tierra. Hemos mencionado la renta de la tierra como categoría de análisis fundamental para conocer múltiples situaciones de crisis y conflictividad socioambiental en América. La hemos identificado también como el interés concreto perseguido por diferentes capitalistas, en especial los terratenientes, lo que a su vez tiene como contracara la generación de metabolismos socioambientales orientados a la producción de mercancías portadoras de renta de la tierra (Debrott, 2002). En suma, la búsqueda de esta ganancia capitalista es impensable si no se entiende como una relación social que opera, sin embargo, a través de la naturaleza. Nos detendremos en este punto para establecer algunas coordenadas, porque una adecuada comprensión de este mecanismo social permite dar cuenta de algunos de los resortes históricos que explican una parte importante de los conflictos socioambientales expresados los últimos años y, por supuesto, también desde octubre de 2019.

Desde el punto de vista de la explicación que nos ocupa, interesa destacar que las principales formas que toma la renta de la tierra son la renta diferencial de tipo I y II, y la renta absoluta basada en el monopolio (Iñigo Carrera, 2017). Resumidamente, las dos primeras se obtienen por los beneficios que genera el uso de “tierras” de mejor calidad (diferencial tipo I) y también obtener mayor control de las condiciones metabólicas naturales a través del incremento de la productividad del trabajo (diferencial tipo II) (Kornblihtt & Dachevsky, 2011). La forma de renta absoluta, por el beneficio que genera el uso efectivo de la propiedad privada para impedir que otros capitales inviertan en las condiciones naturales controladas por los capitales que ejercen el derecho de propiedad, evitando con ello la tendencia a igualación de las tasas de ganancia. En cualquier caso, se tratará de un beneficio que brota gracias a la apropiación de “recursos naturales” que tienen la peculiaridad de que no son reproducibles por el trabajo humano, son apropiables privadamente y son tendencialmente limitados, por lo que su control entrega ventajas sobre otros capitalistas. Por otro lado, el tipo de mercancías que producen, llamados “commodities”, “materias primas”, etc., portan esa plusganancia, pero esta solo se vuelve efectiva al venderse en el mercado. Es decir, independiente de cuál sea el tipo de renta, esta se realiza en el mercado, en el intercambio. Solo en ese momento brota como ganancia capitalista (Caligaris, 2014). Por lo mismo, los capitalistas que se apropian de esta plusganancia que proviene de la venta de mercancías producidas descritas anteriormente, deben reproducir constantemente las condiciones que le permiten la apropiación extensiva e intensiva de la naturaleza.

Otra dimensión importante de resaltar es que la renta de la tierra es en realidad una relación social y, dadas las condiciones en que se constituye, es más específicamente una relación socioambiental, un metabolismo marcado por la generación de mercancías por las que brote luego como beneficio al ser vendida. Es una relación que habilita que sus grandes apropiadores se conformen como un grupo diferenciado al interior de la sociedad. Se conforman como un tipo de empresario particular orientado a generar condiciones para la apropiación de renta. Estos empresarios subordinan mano de obra, ecosistemas, poblaciones aledañas, instituciones, etc., en función de la obtención de esta ganancia. Por eso decimos que no solo es un beneficio económico, sino una forma de relacionar actores, incluida, por supuesto, la naturaleza.

Por otro lado, es una relación en un sentido más específico: esta forma de ganancia capitalista se organiza a través de la naturaleza y sólo a través de ella se consuma como tal. Relaciona y subordina una variedad de agentes ecosistémicos: características geográficas, geológicas, morfológicas, explota diferencias naturales entre un territorio y otro, aprovecha la abundancia o mejor calidad (desde el punto de vista productivo) de la tierra, yacimientos mineros, caudales hídricos, sistemas glaciares, regímenes de lluvia, etc. En la mayoría de los casos, por lo demás, socavar, degradar, interrumpir o terminar con estas características para poder generar las condiciones de producción que permitirán crear mercancías de las que brote renta de la tierra. Es por esto por lo que decimos se conforma una compleja relación socioambiental impulsada por la persecución de este beneficio. Se constituye un metabolismo que, considerado en un plano más abstracto, es un “oikeios” (Moore, 2014), una “ecología”, aunque presente múltiples “rupturas”, movida por la forma de valor. Sin entender esta esta base es muy difícil explicar la situación de crisis socioambiental que vivimos.

En torno a estos dos elementos se forma un verdadero “bloque de poder” movido por instituciones que sustentan y legitiman legalmente su actividad. Al mismo tiempo, se acompañan por un sistema de partidos entre los cuales, al menos hasta octubre de 2019, los empresarios rentistas financiaban su actividad, incluso de forma irregular, siendo algunos diputados, senadores o dirigentes públicos, su verdadero personal político que vehiculizaba los intereses de este sector empresarial (CIPER, 2020). Se encargaban, por decirlo así, de impedir que hubiera obstáculos a su actividad. Sin embargo, lo más profundo de esta dimensión es el hecho de que, en su mayoría, el sistema de partidos comparte en la práctica un mismo programa en cuanto a la actividad rentista, un no cuestionamiento de las bases socioambientales de esta actividad. Esto sucede tanto para los rentistas que tienen un origen y una operación en territorio nacional, como con aquellos que provienen desde otros lugares de la división internacional del trabajo y forman lo que Robinson (2007) considera una clase capitalista transnacional. Dicho de otra forma, la relación que existe entre instituciones y sistemas de partidos con influencia en el Estado y la sociedad es una subordinación de estos al poder de los rentistas, sean “nacionales” o transnacionales.

Ahora bien, huelga decir que los rentistas obtienen su poder e influencia social por el modo en que se reproduce el metabolismo socioambiental que los beneficia y del cual ellos son sus promotores. Su poder no emana, fundamentalmente hablando, de situaciones externas a las relaciones productoras de renta de la tierra. De este modo, el tipo de ganancia económica que obtienen es riqueza, pero principalmente reproducción de las condiciones que ubican a estos empresarios en regímenes de poder. No se trata fundamentalmente de capitalismos, empresarios o “extractivismos” en general (Acosta, 2016; Gudynas, 2009). Hay diferentes tipos de ganancia capitalista y, no obstante, no todas están directamente vinculadas en el circuito que transforma en mercancía la naturaleza y obtienen beneficios de ello. A su vez, los procesos descritos como “extractivismos” tampoco tienen, en nuestra consideración, suficiente profundidad si no conectan con las dimensiones sociales que explican la renta de la tierra o si solo se catalogan como un fenómeno “económico” en su sentido más restringido.

De esta manera, es posible concluir que a lo largo de décadas se conjugaron una multiplicidad de dinámicas que van convergiendo, condensando y sedimentando en la estructuración de: a) una formación social marcada, entre otros rasgos, por la generación de condiciones institucionales, políticas y económicas para apropiar renta de la tierra; b) la formación y consolidación de una clase, nacional pero sobre todo transnacional, responsable de impulsar esas condiciones y apropiarse de esta ganancia; c) la configuración de metabolismos socioambientales en cuyo núcleo se encuentra la persecución de esta ganancia. Todo ello emerge con fuerza tras el 18-O, aunque también como resultado de experiencias acumuladas de luchas y conflictividades socioambientales fraguadas, al menos, desde los años noventa en adelante. Sin embargo, el contenido de la crítica no se ha articulado como impugnación al empresariado rentista ni, mucho menos, a las lógicas sociales que obtención de renta articula.

Tiempo constituyente y el tiempo de la crisis socioambiental

Apenas unos días antes de la revuelta social del 18-O, habitantes de la provincia de Petorca cortaban caminos que permiten la circulación de mercancías agrarias producidas en esa zona. Con piedras, barricadas y una masiva concurrencia, denunciaban el acaparamiento de tierras y agua por parte de los grandes empresarios agrícolas y la escasez de agua que provoca para todo el territorio. Es indisociable esta protesta con lo que comenzaría a ocurrir desde octubre. Así como tampoco se puede entender sin considerar una conflictividad que ha ido en ascenso al menos desde la segunda mitad del noventa hasta el presente. Más de 100 conflictos activos e incluso algunos aún sin reportar, se presentan a lo largo de todo el territorio y en intensidades, profundidad y duraciones diversas (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015).

Estas conflictividades son consecuencia de al menos tres décadas de implementación de la matriz productiva rentista que hemos descrito. Son respuestas que dan cuenta de resistencias, rechazos y precarizaciones que se han vuelto insostenibles con el paso del tiempo (Folchi, 2001; Griguera & Álvarez, 2013; Machado, 2014). Estas conflictividades, consideramos, son expresivas de aspectos que les otorgan una potencialidad histórica que les dará una proyección estratégica en el devenir de Chile y toda la región.

Por una parte, se trata de conflictividades que articulan una multiplicidad de actores: pequeños propietarios, pobladores aledaños y/o afectados por los enclaves extractivistas, trabajadores precarizados y sobreexplotados, población beneficiada de actividades como el turismo y el comercio minorista, etc. La gran mayoría de ellos, en tanto “población sobrante”, comparten la característica de ser derechamente no-propietarios de los bienes comunes que las empresas rentistas utilizan para su producción. Por lo tanto, se ven privadas de mayor influencia y poder de decisión sobre lo que ocurre en esos espacios. Por otro lado, no solo la gran mayoría es afectada e imposibilitada de decidir producto del régimen de propiedad vigente en Chile, sino que se encuentran desposeídas también respecto del capital. Este, como capital que busca la renta de la tierra, subordina para sí procesos ambientales, actores, instituciones estatales locales, entre otras, para hacer valer sus intereses. Se articula así, desde este punto de vista, un conflicto en perspectiva clasista, en tanto que es la actividad de grandes capitalistas lo que arroja a segmentos de la población a condiciones precarias. A partir de esta surge el antagonismo y el conjunto de experiencias comunes que forman un actor colectivo y una conflictividad social clasista. Claro que, a través de su expresión socioambiental, lo cual dice mucho a su vez sobre la necesidad de ampliar los alcances de la categoría “clase social”, como también de criticar a aquellos usos que la limitan a aspectos más “economicistas” (Kabat & Egan, 2017).

En segundo lugar, en la conflictividad socioambiental se presenta una potencia de impugnación a las formas en que se organiza la sociedad, el régimen político que se beneficia de la apropiación de renta de la tierra, las instituciones que favorecen esta forma particular de acumulación capitalista y contra los metabolismos socioambientales de crisis y precariedad. Se enfatiza en que es un potencial de impugnación, porque no necesariamente toda conflictividad social se transforma en un cuestionamiento a la totalidad de la sociedad ni tiene un nivel de profundidad orientado a terminar con el capitalismo y las formas concretas que este asume. Tampoco tendría por qué tenerlo. Lo que se intenta constatar acá es que aun en sus expresiones más sencillas, los conflictos socioambientales se encuentran íntimamente vinculados a las fibras que conectan con los entramados generales descritos en este artículo, por lo que el potencial impugnador, como por ejemplo tal y como se desarrolló con posterioridad al 18-O, se encuentra al menos latente (Nohales & Zúñiga, 2020).

Por último, la conflictividad socioambiental presenta también dos rasgos característicos más en todos los territorios: la plurinacionalidad y un impacto diferenciado por géneros. Pueblos aimara, licán-antay, diaguita, mapuche, selknam, etc., forman parte activa en la defensa de territorios, modos de vida y métodos de subsistencia comunitaria frente al avance de las empresas llamadas extractivistas. Sin embargo, la plurinacionalidad es un horizonte que no solo ha sido compartido por pueblos originarios, sino también por movimientos sociales y sujetos que reivindican el reconocimiento recíproco entre pueblos como horizonte y que, por lo demás, se encuentran igualmente afectados por la crisis socioambiental (Alvarado Lincopi, 2020). Al mismo tiempo, el reconocimiento de población migrante como parte de este tejido social plurinacional, ha significado una ampliación y robustecimiento de las perspectivas de solidaridad, organización común y la fijación de objetivos compartidos. Por otro lado, una cada vez más creciente cantidad de organizaciones de mujeres que reivindican su acción desde los territorios, han revelado que los impactos socioambientales no se distribuyen de manera homogénea. Por ejemplo, evidencian y denuncian que, en cuanto a las mujeres respecta, estas tienden a ser afectadas a veces de manera más aguda por los roles tradicionales que se le imponen, los trabajos sociales de los cuales se deben hacer cargo -muchas veces por estar a cargo del sostén familiar- y por estar directamente expuestas a efectos como la contaminación por residuos industriales, la falta de agua y alimentos (Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia Quintero y Puchuncaví, 2020). Como sea, lo que han instalado es que los impactos socioambientales son desiguales y que, para avanzar en su solución, es necesario también este punto de vista de género, muchas veces invisibilizado por la teoría, políticas de gobierno o, incluso, por las propias organizaciones comunitarias.

En los meses de movilización tras el 18-O, estos contenidos aparecieron en pancartas, banderas, afiches, consignas, propuestas, reivindicaciones y programas que le dieron un contenido común a la revuelta social. No es de extrañar que prácticamente los mismos territorios que se encontraban organizados previamente a octubre, se volcaran luego a la movilización y compartieran sentires y estéticas con el resto de organizaciones y actores sociales: se expresó una clase trabajadora precarizada, fragmentada y sin grandes organizaciones, pero que encontró en la plurinacionalidad, una perspectiva clasista y la relevancia de la acción política de las mujeres, orientaciones y experiencias comunes para dar fortaleza a la impugnación en curso. Los territorios en conflictos socioambientales se expresaron como parte de una voz colectiva, terminando, al menos temporalmente, con el aislamiento en el que muchas veces se vio respecto a otros movimientos sociales.

Es cierto que la cantidad de demandas, subjetividades, experiencias, formas de organización, etc., que convergen en los meses de protesta hacen difícil sintetizar en una sola gran propuesta los motivos de la movilización. La amplitud histórica del movimiento vuelve prácticamente imposible cristalizar todo en una sola consigna. Sin embargo, igualmente se logró sintetizar el conjunto de demandas ambientales en algunos puntos centrales: terminar con la privatización del agua y otros bienes comunes, derogar el actual Código de Aguas, Asamblea Constituyente plurinacional y feminista. Asimismo, emergió con relativa fuerza la idea de expropiar o, al menos, resituar las coordenadas del régimen de propiedad actual y su reemplazo por formas de propiedad orientadas por el bien común.

El día 15 de noviembre se produce el llamado “Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución”, el que pretendía fijar un itinerario para el cambio constitucional y, al mismo tiempo, “pacificar”, esto es, desmovilizar a la población. Sin entrar en detalle a un análisis de este hito político clave en el desenvolvimiento de la coyuntura, interesa destacar que las dos principales agrupaciones socioambientales con presencia en diferentes territorios, el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA) y el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), manifestaron no estar de acuerdo con los contenidos fundamentales ni con las formas en que fue desarrollado y comunicado este acuerdo entre partidos políticos. Estimaron que este no hacía eco de las demandas ni de las situaciones socioambientales vividas en diversos territorios y que motivaron, como se ve, la movilización y el levantamiento de una Asamblea Constituyente como alternativa para viabilizar cambios de fondo. Las grandes asociaciones ambientales mantuvieron (y mantienen) un programa propio e independiente, a pesar de que puedan estar abiertas al debate de si participar o no en el itinerario propuesto por el Acuerdo del 15N. El comportamiento parlamentario, como la votación de políticas criminalizadoras de los movimientos sociales, y las declaraciones de algunos de los partidos firmantes del Acuerdo, generaron aún más distancia tomada por los movimientos socioambientales.

Pese a todo, estas agrupaciones tampoco pueden negar el peso político del itinerario fijado por el Acuerdo, con plebiscitos, elecciones de constituyentes y debates que, según se evalúa, sin duda implicarían una participación masiva y una politización de la opinión pública. En ese sentido, algunos sectores optaron por participar del itinerario y otros dejar abierta la opción de si hacerlo o no. Con todo, lo que es común a todos ellos es no dejar de impulsar el horizonte de Asamblea Constituyente y los contenidos que se orienten a terminar con la privatización del agua, asumiendo perspectivas plurinacionales y feministas para las transformaciones que requiere y demanda la sociedad. Asimismo, mantener activa la movilización y el sentido impugnador con el propósito de que los hitos del itinerario constitucional no restrinjan ni excluyan las posibilidades de manifestar propuestas de cambio dentro o fuera del proceso institucional.

Ahora bien, los partidos firmantes del Acuerdo, al menos hasta los días previos al mismo, como dijimos, no se habían caracterizado por un cuestionamiento a las bases que permiten la reproducción de los metabolismos socioambientales en crisis. No han ofrecido reformas profundas al régimen jurídico-institucional que permite la actividad e influencia de grandes empresas transnacionales o capitales que operan localmente; no han cuestionado tampoco los modos en que se fiscaliza, evalúa y regula la actividad empresarial y sus impactos socioambientales; no han planteado con sistematicidad política medidas para replantear el problema de la propiedad y muchos otros elementos que permiten sostener, con probabilidad de estar en lo cierto, que no estaba en sus planes, al menos hasta los días previos a la emergencia del COVID19, proponer medidas para reconfigurar la matriz productiva, en tanto en ella se encuentran los patrones y dinámicas que explican la crisis socioambiental generalizada. Menos todavía aparece una crítica, orientada en una perspectiva de totalidad, que vincule el entramado político-institucional de la actual Constitución con el problema que hemos analizado en torno a la generación y apropiación de renta de la tierra, pues ello supondría un cuestionamiento a grupos empresariales que, como vimos, incluso financian transversalmente a muchos de los partidos firmantes o tienen con ellos sintonías ideológicas de fondo. En definitiva, al menos entre los grupos promotores del Acuerdo, no se aprecia una voluntad de reformular los mecanismos que influyen en la formación de metabolismos socioambientales críticos porque no hay un cuestionamiento, y sí hay más bien un acuerdo tácito y transversal, en la importancia que tienen los empresarios rentistas en la economía y el conjunto de la vida social en Chile.

Sin embargo, esta situación plantea un problema más de fondo, el cual es además la hipótesis que quisiéramos afirmar en este apartado: los tiempos y alcances del itinerario constitucional, tal como está considerado, se encuentran disociados de los ritmos que presenta la crisis socioambiental. Consideremos, por ejemplo, la extensión y profundidad de las llamadas “sequías”, el derretimiento y destrucción glaciar, los daños irreparables a la biodiversidad, las rupturas irreversibles en ecosistemas a lo largo de todo el país y los efectos de propagaciones pandémicas en la población humana y no humana, ahora dramáticamente expuestos tras la irradiación del COVID-19, pero ya recurrentes por lo menos los últimos 20 años. Por supuesto, son problemas globales, propios de una ecología-mundo, de un mundo globalizado en el que el capital se consolida cada vez más como una fuerza geológica, al punto que se hable de capitaloceno (Machado, 2016; Moore, 2014). Por lo mismo, es desproporcionado pretender orientar la vida social en función ritmos políticos que no solo se encuentran desanclados de los procesos socioambientales y las medidas urgentes que ellos ameritan, sino que también no están tomando razón alguna del hecho de que el capital es un proceso ambiental global, y que este se encuentra en una fase crítica a nivel mundial. La devastación rentista que se vive en los territorios no culminará con el proceso constitucional en curso ni este tampoco parece orientado a responder a la serie de casos en que la crisis se expresa. No se trata tampoco exigir a un proceso político resolver cuestiones que llevan, como vimos, décadas de sedimentación histórica, pero, dada la gravedad de la situación ambiental, por lo menos es esperable una orientación en ese sentido, el reconocimiento al menos de los procesos y relaciones sociales causantes del problema, como premisas y eventuales puntos de partida de la discusión.

Posibilidades. Alternativas

Se consideren o no en el proceso constitucional en curso, se realice o no en octubre de 2020, algunas medidas de desmonte del “extractivismo” o los metabolismos que produce la búsqueda de apropiar renta de la tierra, agrupaciones socioambientales continúan difundiendo, dando a conocer, profundizando, discutiendo, contrastando, preparando una suerte de “programa socioambiental” impulsado desde territorios movilizados y que cuentan con organizaciones sostenidas en el tiempo. Al mismo tiempo, se aprecia una tendencia a presionar e influir en la discusión de quienes participan del itinerario constitucional, incluso, subrepticiamente, durante los primeros días de la pandemia COVID-19. No podemos descartar, no ha sido el propósito de este artículo la posibilidad cierta de que los contenidos que han impulsado los movimientos socioambientales sean parte de una asamblea constituyente soberana, plurinacional y feminista, como han demandado, pero tampoco se observa una tendencia a renunciar a incidir en el proceso en curso, en tanto que este puede permitir también mantener activo el núcleo de impugnación al régimen, la movilización social, y con posibilidades de seguir ampliándose. Vale decir, en cuanto a los tiempos del proceso constitucional se refiere, los escenarios siguen abiertos.

Desde el punto de vista de la confrontación al poder rentista es factible sugerir, para el debate, una serie de medidas en perspectiva de reconsiderar la relación entre los tiempos de la crisis socioambiental y las dinámicas históricas movilizadas por la búsqueda de renta de la tierra: a) expropiación de la propiedad rentista, centralización de dichos capitales como propiedad social-pública y combinación con formas de propiedad comunitaria y otras formas colectivas que permitan una producción a escala y ecológicamente pertinente; b) gestión y planificación democrática del trabajo social, con deliberación y decisión sobre los proyectos productivos a seguir y planificación diferenciada por escalas, pertinencia y viabilidad (apoyo en el municipalismo, pero también otras instituciones de alcance mayor); c) reconocimiento plurinacional como condición para la gestión territorial, con autodeterminación política como criterio fundamental; d) relocalización de los trabajadores empleados en los actuales enclaves productivos de alto impacto ambiental, para contar con su apoyo a proyectos ecológicos; generación de “empleos verdes” en condiciones de trabajo que puedan ser establecidas y fiscalizadas por los trabajadores y que además les permitan ser una opción real de bienestar social; e) transiciones energéticas basadas en la descarbonización y el fin de la termoelectricidad; tendencia a la desvinculación de combustibles fósiles; construir y diseñar nuevas infraestructuras y, sobre todo, determinar para qué se produce, en arreglo a un plan de generación de energías limpias complementarias entre sí; f) políticas centralizadas y comunes de restauración y regeneración ecosistémica y de mitigación del cambio climático; g) reformulación de las instituciones públicas de evaluación, fiscalización y sanción de impacto ambiental y de aquellas que entregan derechos de propiedad y usufructo; h) educación ambiental en todos los niveles y “preparación cívica” para las tareas de gestión, deliberación, diseño, planificación, fiscalización, etc.; i) reforma agraria integral que redefina la redistribución de tierras a nivel plurinacional, considerando en ella la producción alimentaria agroecológica y el manejo integrado de cuencas hídricas para el uso sustentable de las aguas; j) la revisión y reformulación de tratados internacionales, en particular los de libre comercio, en tanto son los que conectan circuitos de valorización y circulación de mercancías portadores de renta de la tierra, por lo tanto, participan de los mecanismos de apropiación intensiva y extensiva de la naturaleza.

Complementariamente, desde una óptica que atiende a medidas más específicas, pensadas por un movimiento ambiental en función de lo acontecido desde octubre, e impulsando proposiciones concretas, el Movimiento por el Agua y los Territorios propone: a) que se garantice el derecho al agua para la vida humana y natural, así como el derecho al buen vivir y a las soberanías territoriales y alimentarias; b) eliminación de todos los instrumentos que fomentan el monocultivo forestal y su reemplazo por una ley que establezca un modelo Forestal para la Biodiversidad; c) poner fin al lucro y a la privatización del agua; d) una ley que otorgue protección efectiva a todos los glaciares presentes en los diversos territorios y sus ecosistemas; e) la derogación de los instrumentos privatizadores del agua en sus múltiples formas y dimensiones, y su reemplazo por una nueva Constitución, vía Asamblea Constituyente (soberana, plurinacional y feminista), y por nuevas leyes complementarias sectoriales, cuyo centro sea la vida y no la propiedad privada ni la mercancía; f) la implementación de buena fe del Convenio 169 de la OIT y la Declaración ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; g) la Gestión Comunitaria del Agua como principio que vincule y organice la relación indisociable entre la comunidad y los bienes comunes; h) la consolidación de prácticas de educación popular y ambiental así como de alternativas distintas y sostenibles de vida; i) poner fin a la criminalización de la Protesta Social y liberación de las personas presas desde y por la revuelta de octubre; j) que no se aprueben tratados de "libre comercio" negociados en secreto y sin evaluación de sus impactos, con énfasis en el TPP11 por sus alcances en contra de la soberanía de los pueblos (MAT, 2020).

Conclusión

No es posible saber qué cursos tomen los acontecimientos los próximos días, meses o años, sobre todo en tiempos en donde la pandemia del COVID-19 sigue en curso, pero es muy probable que estos elementos programáticos aquí esbozados no pierdan su vigencia, porque la situación de crisis solo ha ido en aumento. Es más, posiblemente medidas como las mencionadas sean cada vez más necesarias, toda vez que desde el interior de los soportes de las relaciones rentistas no parece haber salida sustentable y sostenible en el tiempo. Por el momento, por lo demás, los esfuerzos intelectuales, si es que quieren ser una contribución a la presente situación, debieran abocarse a encuadrar bien cuáles son las raíces históricas y sociales subyacentes en la crisis socioambiental y orientarse, por lo tanto, a analizar esos elementos de fondo. Si el escenario marcado por el itinerario constitucional, la crisis pandémica u otros procesos futuros, servirán o no para ello, dependerá de la capacidad de impugnación y acción coordinada que tengan los grupos movilizados, así como también la voluntad de ir también más allá del itinerario y la influencia que tengan las propuestas programáticas de cambio para afrontar la crisis socioambiental.

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Publicación: 01 septiembre 2020