Dosier

Progresión represiva sexo-genérica desplegada durante las huelgas magisteriales mendocinas de 1919

Introducción

Durante la casi totalidad del año 1919 se produjo una de las luchas más importantes de la historia del movimiento obrero mendocino, protagonizada por mujeres pertenecientes al magisterio provincial. A partir de reclamos en torno a la inestabilidad laboral y jubilatoria, la desprotección legal, y el atraso crónico en el pago de los salarios –que para ese entonces sumaban entre 8 y 14 meses-, un grupo compuesto mayoritariamente por maestras se organizó sindicalmente. Surgió primero la Agrupación Idea y, a los pocos días, Maestros Unidos (MU). Desde su fundación, a MU le fue negado el reconocimiento legal, argumentando que la condición de género las exponía a la influencia corrosiva de la actividad de clase. Así, las cesantías dispuestas por la Dirección General de Escuelas (DGE) a las maestras y maestros sindicalizados dieron inicio a la primera huelga, la que se consumó el 28 de abril.

MU se convirtió en el primer sindicato docente del país en ingresar a una central obrera (Crespi, 1997; Dussel y Latorre, 2019). El 29 de abril, MU concretaba la efectiva adhesión a la Federación Obrera Provincial Mendocina (FOPM) y a la Federación Obrera Regional Argentina del IX Congreso (FORA IX). En simultáneo, y a escasos dos días de la realización de los actos preparados para conmemorar el día internacional de los y las trabajadoras, la primera huelga declarada por el magisterio provincial cobró una fuerza inusitada. Eclosionaron expresiones de solidaridad llevadas adelante por estudiantes del nivel primario, quienes motivados por lo que consideraron actos de injusticia cometidos contra sus maestras se lanzaron a la lucha. Ambas huelgas –magisterial y estudiantil– volcaron el fiel de la balanza a favor del movimiento perfilándolo hacia el triunfo. Esa conjunción emergió durante los días previos a la jornada conmemorativa e internacionalista convocada por la FOPM. Aquel 1° de Mayo de 1919 se constituyó en jalón fundamental para la consecución del primer triunfo sectorial del magisterio. De allí en más se fue consolidando un puente que conectó a heterogéneos eslabones de la clase trabajadora que intersectó detrás de sí intereses comunes forjados por personas de diferentes géneros, edades y funciones laborales. Asimismo, esas medidas de lucha desplegadas por un novísimo sindicato docente secundado por componentes no organizados gremialmente –los y las pequeñas huelguistas–, dejaban al descubierto la agencia combativa de las familias trabajadoras durante el conflicto.

Las acciones colectivas desplegadas por mujeres, niños, niñas y varones adultos a lo largo de la primera huelga del magisterio, signó con mayor profundidad las posiciones antagónicas asumidas por el Estado, sus funcionarios, su patronal. Problemática que nos empuja a establecer un nexo con los estudios que centran la mirada en las respuestas y estrategias elaboradas desde el ámbito estatal y paraestatal para tramitar la cuestión social y obrera (Bohoslavsky y Lvovich, 2017; Bohoslavsky y Franco, 2020; Franco, 2020b). Desde esa óptica, repararemos sobre las formas de represión y las prácticas de sujeción efectivamente desplegadas con posterioridad a la primera huelga, cuestión que ha sido poco investigada (Lacoste, 1995; De la Vega, 1997; Mellado, 2007; Latorre y Pereyra, 2023). En ese sentido, en la primera parte del trabajo consideraremos que el conflicto de clase precipitó la conformación de la Liga Patriótica Argentina seccional Mendoza (LPAM) y la refundación de un gremio vinculado al lencinismo,¹ la Unión Mendocina del Magisterio (UMM) que a su vez adhirió inmediatamente a la Liga. Ambas organizaciones conformaron una estrategia ofensiva a través de la cual buscaron restituir el orden institucional educativo y los sentidos tradicionales de domesticidad que pesaban sobre mujeres e infancias durante ese periodo, dando paso a la construcción de dispositivos específicos de marcación negativa (Feierstein, 2007) que se ejercitaron de modo generizado sobre las maestras sindicalizadas en MU y sus aliados.

En un segundo momento, nos detendremos en los dos paros magisteriales posteriores a ésta, que devendrían en huelgas generales de alcance local. Indagaremos sobre la violencia estatal desplegada durante el conflicto del magisterio reconociendo los diversos dispositivos represivos –preventivos y reactivos– ejercidos por la fuerza pública. Consideraremos que el pasaje a los momentos de abierta represión realizada por la policía a niños, maestras y vecinos de la comunidad trabajadora, requirió de una construcción negativizadora previa por parte del Estado, que tendió a considerar a las maestras organizadas en MU como enemigas del orden constituido. En base a eso nos preguntamos hasta qué punto las acciones represivas buscaron restituir la estabilidad y armonía de la familia heteropatriarcal y restablecer el ordenamiento doméstico cimbrado por las huelgas docentes.

En el tercer momento focalizaremos en el llamado a la segunda huelga general solidaria declarada por la FOPM, que completaría un total de 7 días de paralización de las actividades a inicios del mes de octubre. Allí abordaremos la escalada de violencia estatal y paraestatal que se desplegó con inusitada fuerza, ya no solo contra las mujeres e infancias implicadas inicialmente, sino contra los trabajadores y sus organizaciones que resultaron atacadas mediante allanamientos y clausuras de locales sindicales, represión en la vía pública, detenciones masivas, secuestros y deportaciones.

A través de un enfoque local repondremos la experiencia obrera y sindical a fin de profundizar la indagación sobre un proceso complejo y colocarlo en diálogo con tramas más generales en las cuales se halla inscripto (Simonassi, 2017). Mediante la combinación de dos nudos historiográficos, el de la historia social con perspectiva de género y los estudios represivos del Estado buscaremos potenciar la reconstrucción conflictual en el cruce con las prácticas represivas. Para ello el trabajo se sustenta en un análisis cualitativo que contrasta los discursos contenidos en una importante variedad de fuentes gráficas locales y nacionales de la época.

El corazón argentino siente el aguijón del patriotismo

La primera huelga del magisterio mendocino se desarrolló desde el 28 de abril hasta el 4 de mayo, y finalizó cuando el por entonces interventor Dr. Perfecto Araya, a cargo de la gobernación provincial, intervino la DGE desplazando a E. Julio de la dirección escolar. En su lugar fue asignado Eduardo Luzuriaga, quien dejó sin efecto las medidas tomadas por su antecesor, resultando restituidas las maestras en sus lugares de trabajo. Además de revertir las cesantías, conseguían concesiones y compromisos al Estado relativos a la estabilidad laboral y la regularización de los sueldos adeudados (Crespi, 1997; De la Vega, 1997; Latorre, 2019; Richard Jorba, 2014). Aquella conquista alcanzada por las maestras devino de la acción común y solidaria desplegada por los hijos e hijas de las familias trabajadoras mancomunadas con la FOPM, la que fue vivenciada del siguiente modo: “Los hechos producidos estrecharon los lazos entre maestros y educandos, entre aulas y el hogar” (Idea, 13-05-1919, p. 19).

El mes de mayo representó un momento clave en torno a las disputas políticas internas radicales y de otras fuerzas políticas que operaron en la provincia durante 1919. Situación que tendió a agravarse aún más a partir del inusitado movimiento docente aglutinado en MU que dejaba a uno de los principales referentes del lencinismo, E. Julio, fuera de la dirección escolar.

Aquel embate sufrido por el lencinismo precipitó la adopción de una nueva estrategia. Promediando el mes de mayo, dos organizaciones emergieron a raíz del conflicto: la Liga Patriótica Argentina sección Mendoza (Mellado, 2007) y la refundación de la Unión Mendocina de Maestros (UMM)², que con el auspicio del lencinismo, se propuso nuclear en sus filas a miembros del magisterio provincial propiciando un perfil profesionalista.³ La abstención en los asuntos político-pedagógicos, la negociación y el diálogo con el gobierno fueron algunos de sus rasgos más distintivos,⁴ cuestión que le valió el inmediato reconocimiento estatal. Situación completamente inversa a la que sucedía con MU.

En paralelo, la Liga Patriótica Argentina (LPA) surgida durante las jornadas de insurrección obrera de enero de 1919 en Buenos Aires (McGee Deutsch, 2003), recalaba a mediados de mes con una seccional propia en Mendoza.⁵ Entre sus fines se destacaban el de “defender el orden y la tranquilidad social amenazados por elementos obreros extraños al país y por propagandistas de ideas y doctrinas subversivas” (Los Andes, en adelante LA, 14-5-1919). Organización que encontró una arena propicia en la cual desarrollarse debido al alto grado de conflictividad social (Carminatti, 2006; Richard Jorba, 2013). Por otra parte, debe agregarse un importante grado de imbricación entre esta organización con las fuerzas armadas, miembros de la policía y personas pertenecientes a un variopinto arco político, entre los cuales se encontraba el propio lencinismo.⁶El “aguijón del patriotismo” –parafraseando a Manuel Carlés– se alojaba con fuerza en varios de los corazones mendocinos.⁷

En torno a la UMM se solidificaron los intereses del lencinismo y la organización nacional paraestatal. La revista Patria en cada uno de los números disponibles, dedicó una importante cantidad de notas a propagandizar los principios de la LPAM.⁸ La UMM adhirió a la Liga, dejando planteado la naturaleza de una sociedad gremial antisindical y, en apariencia, antipolítica. Se definieron como, “soldados de un apostolado humano y argentinista”, defensores de la “la bandera azul y blanca”, “altivos combatientes contra el pendón rojo de la anarquía y contra todas las imposiciones de la fuerza anónima que pervierten o prostituyen los principios de legalidad y de orden en que reposa el desenvolvimiento social de la patria” (Patria, 23-05-1919).

La posición estratégica tomada por esta nueva organización gremial buscó fracturar la unidad docente inicialmente lograda por MU ampliando sus alianzas con funcionarios públicos y adherentes a la Liga. La aprehensión de los fundamentos ideológicos nacionalistas dotó de mayor organicidad a la asociación, a partir de los cuales inició una ofensiva sistemática contra las integrantes de Idea y MU. Las denominaciones peyorativas eclosionaron en las prensas oficialistas con la clara intención de identificar a las portadoras del desorden educativo y endilgarles la responsabilidad de la crisis. La UMM definía a MU como entidad subversiva, ilícita, inmoral, “puesto que, como sindicato de resistencia, formado por empleados públicos y adherido incondicionalmente a la Federación Obrera, es un verdadero soviet maximalista, contrario a nuestras instituciones” (La Palabra, en adelante LP, 30-06-1919, citado en Richard-Jorba, 2014, p. 108, nota al pie). Va de suyo, la acción directa fue tildada de sublevación.⁹

Maestras sublevadas, responsables de anarquizar el gremio, sectarias, mistificadoras, sediciosas, e inclusive conceptualizadas como “arañas”,¹⁰ fueron algunos de los términos utilizados para englobar a las integrantes del movimiento sindical magisteria.¹¹ Con todo, la categoría que logró subsumir a todas ellas fue la de “antipatrióticas”.

Por ende, la totalidad de sus acciones fueron tildadas de revolucionarias, pro-soviéticas y anarquizantes, agravadas por el lugar activo ocupado por mujeres e infancias y la manera en que cobraron forma en la lucha contra los funcionarios estatales, sus instituciones y representaciones político-partidarias. Para el campo antagónico, las acciones proletarias habían provocado el desorden jerárquico, la desobediencia a la autoridad y, en espiral, atentaban contra la institución familiar.¹²

Encendidas arengas nacionalistas se diseminaron en diversos actos públicos oficiales. El más masivo e impactante fue el realizado para la conmemoración del aniversario de la revolución de mayo de 1919. La LPAM se encargó de los preparativos del homenaje patrio. La organización quedó a cargo de Héctor Mackern, comisario general de la provincia y miembro fundador de la Liga mendocina.¹³ La procesión marchó por importantes avenidas del centro capitalino y al llegar a Plaza San Martín, hizo uso de la palabra el coronel Octavio Fernández, presidente de la LPAM. Por su parte, la UMM convocó y se manifestó activamente en el evento.

El hogar, la maternidad y los sentidos de domesticidad, tuvieron lugar en las fiestas mayas. Las organizaciones femeninas: Damas de Caridad, Patricias Mendocinas, Damas de Beneficencia, Sociedad Pro-Patria y Sociedad Santa Cecilia –las dos últimas adherentes a la Liga-¹⁴ se movilizaron por las principales calles capitalinas y participaron del homenaje organizado por la LPAM. Los organizadores masculinos del evento glorificaron su presencia en los discursos pronunciados desde el palco.¹⁵ Ellas, por su parte, tuvieron un rol destacado durante la manifestación (Imagen 1). Si bien, la presencia pública de las mujeres parecía contradecir el rol doméstico enfatizado por los liguistas, evadían este dilema convocándolas como garantes de la moral familiar y los valores patrióticos. Para la LPA reclutar mujeres en sus filas se constituyó en un aspecto fundamental, ellas asumirían “tareas de limpieza social”, extensiones de las que tradicionalmente habían desempeñado en el hogar (McGee Deutsch, 1984).

Imagen 1

Participación femenina en la manifestación patriótica del 25 de mayo

Fuente: La Montaña, 27-05-1919.

En la fotografía puede observarse una numerosa columna de mujeres en desfile disciplinado. La uniformidad de las vestimentas y los colores claros estilísticamente seleccionados genera un efecto visual de alto contraste que resulta inquietante, ¿acaso indiquen señales de pulcritud, pureza y disciplina? La curvatura del desfile, corona la llegada al monumento que homenajea al Gral. San Martín, ubicado en la plaza que porta su nombre. En la base fue apostado el escenario desde el cual los varones liguistas hicieron uso de la palabra.

Además, durante los días previos y posteriores al 25 de Mayo, en varias iglesias y parroquias fueron pronunciados sermones contra las maestras sindicalizadas que participaban de las misas. Episodios similares ocurrieron en plazas públicas protagonizados por funcionarios eclesiásticos que fustigaron a las organizaciones obreras. En uno de los casos, un fraile convocó a los feligreses a constituir una brigada liguista departamental para “defenderse de la bandera roja y sus cobijados” (ES, 18-5-1919, 25-5-1919 y 1-6-1919).

En sintonía, discursos del mismo talante fueron enunciados en escuelas públicas de la provincia ante un público eminentemente infantil. En la escuela Ayacucho de Luján de Cuyo el inspector escolar Andino Ortiz se pronunció públicamente a favor de la LPA, reivindicó lo actuado por las “fuerzas del orden” durante la Semana Trágica y propuso replicar el ejemplo represivo en la provincia mendocina a fin de acabar con los actos calificados de “revoltosos y anárquicos” (Patria, 30-05-1919).¹⁶

La agitación social generó intensos temores entre las élites políticas, que vieron en las acciones obreras gérmenes de soviets y revolución social (Franco, 2020a). En ese contexto de alta conflictividad social la escuela fue concebida como institución angular para la defensa nacional, por ende pretendieron glorificar y revitalizar determinados valores patrióticos ante una radicalización de la protesta a la que tildaron de izquierdista.¹⁷

Aquellas personas que no profesaran de modo ferviente el mismo culto por la patria, en el extremo, fueron representadas como extranjerizados y, por lo tanto, pasibles de ser combatidas como a la “peste".¹⁸ En el manifiesto fundacional de la LPAM podía leerse: “Inmunicémonos con antídotos de patriotismo contra el contagio de la peste exótica, […] sus manos sólo esgrimen la pluma del dicterio. Como ustedes ven, sólo es cuestión de salubridad social” (LA, 14-5-1919). La organización paraestatal establecía las categorías para demarcar simbólicamente a los diversos sectores y grupos sociales considerados enemigos de la patria o sospechados de atentar contra ella. El mayor de los problemas para los “guardianes del orden” se suscitó cuando la caracterización del enemigo dejó de estar atada necesariamente a la condición de inmigrante. Las y los portadores de esas nuevas prácticas sociales consideradas disolventes del orden no necesariamente se correspondían con su condición foránea, argumento que se forjó -de modo reiterado- durante la década de 1910 (Franco, 2019). Las ideas “extranjeras” (socialistas, anarquistas y, fundamentalmente, maximalistas) habrían calado entre porciones importantes de la población nativa. La LPAM junto a fracciones de la clase dominante y el lencinismo recurrieron a la creación de nuevos símbolos y mitos sobre los ya existentes, para dotar al concepto de patria de mayores fundamentos.¹⁹ En torno a esa idea se fueron delimitando dos campos simbólicos enfrentados. Por un lado, el de todas aquellas personas que estuvieran dispuestas a defenderla, fueran extranjeras o no, como garantía del orden y el progreso. Y, por otro, el de todas aquellas que a partir de sus prácticas sociales pudieran ser sospechadas de antipatrióticas y por lo tanto recategorizadas como sujetos “extranjerizados”, “extraviados”, “exóticos” pasibles de ser encarcelados, expulsados y en el extremo condenados a no ser (Feierstein, 2007).

La UMM continuó militando activamente la figura de Enrique Julio. Su defensa pública a través de entrevistas, agasajos y banquetes, surtieron el efecto buscado y prepararon su regreso a la repartición escolar.²⁰ Finalizando el mes de julio, J. N. Lencinas y E. Julio recuperaban sus respectivos lugares en el poder.

A la sombra de la bandera roja

El 20 de julio, ante el inminente regreso de E. Julio a la DGE, la FOPM llamó a las familias a movilizarse y manifestarse públicamente en defensa de MU. Su reposición implicaba la explícita separación de las maestras organizadas sindicalmente. La movilización resultó contundente (entre 3000 y 5000 personas) y se caracterizó por la importante presencia de niños y niñas que marcharon a la par de sus maestras. El acontecimiento motivó una fuerte movilización de efectivos policiales. Diversos periódicos señalaron la actitud amenazante de la Guarida de Seguridad, en específico focalizada sobre las infancias congregadas que entonaban “La Internacional” y otros cánticos proletarios. Aquello fue interpretado por los funcionarios del Estado como un exotismo que pregnaba los tiernos -y audaces-corazones, y al hogar proletario (Latorre, 2023). Si bien ocurrieron incidentes menores durante el despliegue del concurrido mitin que tuvo lugar en plaza Independencia, la presencia, vigilancia y control ejercido por la policía denotó un cambio de tono y posicionamiento ante el conflicto. La reasignación de E. Julio en la DGE precipitó el llamado a la segunda huelga magisterial que transcurrió entre el 28 de julio y el 3 de agosto. Durante ese lapso las huelguistas organizaron un comité de huelga y asignaron comisiones de agitación y propaganda para informar y discutir el llamado a una huelga general con los gremios nucleados en la FOPM. Además de los vínculos con la clase obrera asalariada y federada, otros se fueron fortaleciendo con personas de distintas edades y no organizadas sindicalmente. La determinación de las familias de no enviar a la escuela a sus hijos e hijas mientras sus maestras no lograran sus objetivos posibilitó que el reclamo calara profundamente en la clase trabajadora. Nuevamente la huelga estudiantil reforzó la protesta magisterial y fortaleció los lazos entre escolares, familias y docentes. El conflicto colocaba a la familia obrera nuevamente en el centro de las preocupaciones del Estado y las derechas pretendieron desactivarlo mediante la utilización de medidas coercitivas y amenazantes. Las cesantías y exoneraciones propinadas sobre las maestras huelguistas, no solo resultaron insuficientes sino que causaron el efecto contrario: la FOPM llamaría a defender a sus trabajadoras y a la familia proletaria mediante el llamado a la huelga general (Latorre, 2023). La acción directa paralizó durante 9 días los circuitos productivos y de servicios en gran parte de la provincia. El masivo acatamiento consumó el triunfo a la clase trabajadora mendocina el día 12 de agosto y E. Julio fue nuevamente desvinculado –momentáneamente- de su cargo. Sin embargo, durante las jornadas de lucha, el personal policial avanzó contra las dirigentes y activistas de base que militaba la huelga en la vía pública. Florencia Fossatti, presidenta de MU, fue una de las mayores damnificadas entre las maestras que resultaron primero hostigadas y, después, reprimidas a la vista de toda la sociedad. Por su parte, la LPAM fue convocada por diversos comités lencinistas a conformar fuerzas civiles de choque, lo cual daba cuenta de la disposición a resolver el conflicto en términos más violentos. Finalizada la huelga, sobrevendría una profundización de la intolerancia patriarcal aún mayor (Latorre, en prensa).

Los usos de la violencia aunque, en un principio, se expresaron en términos más simbólicos y profilácticos que materiales, buscaron vías de legitimación social tendientes a construir y reconstruir nuevos límites para su ejercicio. Como afirma Feierstein “el poder tolera aún estas formas diferentes pero constantemente las distingue, las marca, las construye y las reconstruye” (2007, p. 220). Y esto fue lo que sucedió durante la primera huelga general. Las maestras agremiadas en MU fueron acusadas en los medios oficialistas de “feministas” foráneas y los obreros federados de “eunucos” sometidos a sus designios. Uno de los puntos de máxima tensión se presentó cuando más de una docena de maestras fueron sometidas a la Ley de Defensa Social y procesadas como criminales por panfletear en la vía pública. Si bien los avances legales lograron ser desactivados, no debe menospreciarse el despliegue de instrumentos disciplinarios –legales e ilegales– que buscaron limitar la capacidad de movimiento, la expansión solidaria y la reciprocidad de las acciones proletarias (Latorre, en prensa).

A fines de agosto, Angélica Mendoza y Francisco Mercados Flores²¹ habían viajado a la provincia de San Juan para participar solidariamente en actos organizados por la federación obrera. En aquellos parajes pronunciaron conferencias gremiales y participaron de una manifestación pública (De la Vega, 1997). El 1 de septiembre, ambos docentes resultaron exonerados por la DGE por haber participado en una manifestación obrera encabezada “a la sombra de la bandera roja”.²² En la resolución se indicaba que la insignia simbolizaba “una tendencia social destructiva” de las instituciones republicanas, atentatoria de la nacionalidad y de “permanente subversión contra los poderes constituidos” (Resolución 570, folios 66-67, DGE, tomo 20). La medida detonó por tercera vez en el año el conflicto magisterial. Dos días después MU declaraba la huelga en defensa de sus dos dirigentes y apelaba a la solidaridad de las familias proletarias. Nuevamente interpelaría a “los padres” para que no enviasen a sus hijos a las escuelas y sí a los domicilios de las maestras mientras durase la huelga. En simultáneo, la FOPM reforzó la medida colocando a disposición los locales gremiales para que continuaran impartiéndose las clases.²³

Nuevamente la respuesta fue contundente, la mayoría de los niños y las niñas se dirigieron a los hogares de las maestras, de los vecinos y a los locales sindicales que abrían sus puertas a las conferencias educativas. A diez días de reiniciada la huelga,

las maestras huelguistas continúan dando con todo éxito, clases diarias a sus alumnos y ellas se ven repletas de educandos que han dejado desiertas las escuelas fiscales. Dichas clases se dictan en los domicilios de maestras o en locales que son cedidos especialmente por los vecinos de los barrios (ES, 14-09-1919).

La huelga estudiantil volvía a dejar vacías las aulas y el Estado provincial instrumentaría nuevas formas coactivas para restablecer el funcionamiento escolar. La reapertura del conflicto implicó intimidaciones puntualizadas sobre niños y niñas solidarizadas con sus docentes. Decenas de ellos fueron esposados y detenidos en comisarías luego de haber sido perseguidos durante “cuadras” por la policía.²⁴ Otros recibieron golpes efectuados con “ensañamiento” por empleados de investigaciones a plena luz del día.²⁵ A pesar de haber sido tratados como “feroces criminales”.²⁶ la violencia estatal no logró el propósito de enviar a las infancias a las escuelas. La generalización de estos hechos despertó aún más la indignación pública y, entretanto, la FOPM convocó a sus gremios a que discutieran el llamado a la huelga general.

Algunos hogares de las maestras comenzaron a ser ultrajados por la violencia policial:

sin orden del juez competente y por el solo mandato del jefe de policía, los gendarmes penetraron en el domicilio donde los maestros en huelga dan instrucción a los niños y llevaron detenidos a los docentes. Al tenerse conocimiento del hecho se produjo la alarma en los hogares, donde se teme que el gobierno, inspirado en influencias subalternas, llegue hasta la violencia y el asalto (LN, 5-09-1919).

A las amenazas, intimidaciones y allanamientos le sucedieron los arrestos domiciliarios que se extendieron como prácticas corrientes durante esta fase del conflicto.²⁷ Con asombro, el cronista del diario La Nacióninformaba la determinante actitud solidaria de las familias, ante esta metodología represiva:

A pesar de la vigilancia policial establecida en los domicilios de los maestros en huelga, con el objetivo de impedir la entrada de los niños a las clases que se dictan, concurren a ellas numerosos alumnos, conducidos muchos por sus padres (LN, 11-09-1919).

Las prácticas represivas atravesaban los bordes del hogar moderno y potenciaban su costado más disciplinador convirtiéndolo explícitamente en calabozos para mujeres consideradas criminales y subversivas por trasladar el campo educativo al ámbito privado. El clima amenazante fue advertido por Florencia Fossatti: “según lo que hoy se ha visto, al régimen del miedo va a seguir el del terror” (LA, 5-9-1919).

Reiniciado el conflicto, quedaba sellada la estrategia del gobierno. La UMM defendió públicamente lo actuado por el jefe de policía, Juan Antonio Quiroga, y solicitó mayor colaboración de la fuerza a fin de evitar que las maestras huelguistas continuaran con el dictado de clases en los domicilios.²⁸ A su vez, profundizaban la negativización convocando a combatir a las “apóstatas de la educación”.²⁹ Sin embargo, y aunque resulte contradictorio, sobre esa precisa identificación se solapó otra. El gobernador Lencinas en un telegrama dirigido al presidente de la nación, expresó que el movimiento huelguista además de “anárquico”, “inmoral” y “antipatriótico” estaba auspiciado por la “política conservadora” (LP, 06-09-1919. Citado en Richard Jorba, 2014, p.111).

¿Anarquistas o conservadoras? ¿Ambas? Richard-Jorba refirió al modo en el que el lencinismo mantuvo dos líneas principales de ataque al movimiento huelguístico: “agitar el peligro de la revolución social y denunciar el complot conservador” (2014, p. 116). Asimilando válida esa hipótesis, agregamos que esa operación buscaba instalar un giro destinado a transformar las subjetividades del propio campo burgués, al intentar tornar verosímil el despliegue de una conspiración anarco-conservadora dirigida por mujeres inmorales que atentaban contra la estabilidad jerárquica y apacible del hogar, y por elevación al poder constituido. Ello implicaba desplegar un proceso tendiente a construir a las enemigas de forma ambigua (Feierstein, 2007), de modo que lograse modificar la conducta de las fuerzas represivas en tanto principales encargadas de actuar violentamente sobre una fracción de la población considerada naturalmente débil, dócil, obediente y poco propensa al combate de clases. Avanzar violentamente sobre las huelguistas implicaba defender y salvaguardar la moralidad femenina, dado que el movimiento conspirativo se había logrado efectivizar gracias a la seducción entronizada “por intermedio de avispadas maestras bonitas, [que] habían soliviantado los cascos de los dirigentes [obreros] que no se habían vendido […] a los conservadores […]. Como arma política, la mujer es extraordinariamente útil, y los conservadores […] la han esgrimido con habilidad” (LM, 12-10-1919. Citado en Richard Jorba, 2014, p. 117).

La segunda huelga general declarada en solidaridad con MU

A partir del 30 de septiembre, la provincia asistía a una paralización total de actividades por quinta vez en el año (Richard Jorba, 2013; Latorre y Pereyra, 2023). Las organizaciones obreras plegadas al conflicto celebraban continuamente asambleas en sus locales. Una de ellas se daba cita en el local del Centro Empleados de Comercio cuando fue intervenido y allanado violentamente por la policía sin orden judicial.³⁰ Los coraceros lanzaron sus caballos sobre las veredas y arremetieron especialmente contra las maestras que resistieron la represalia. El numeroso contingente fue registrado en la vía pública y bajo estricta custodia policial, debió marchar por las avenidas del centro hasta el cuartel de bomberos. La nutrida columna, compuesta por “muchas” mujeres, fue trasladada a empellones,³¹ mientras un numeroso público aglutinado en diversas esquinas batía palmas y lanzaba vociferaciones que clamaron por la liberación de las y los detenidos. En respuesta, el escuadrón se lanzó “sobre el pueblo, azotando rudamente a todo aquel que llegaba a ponerse al alcance de los látigos” (LA, 7-10-1919), al finalizar la jornada fueron contabilizados una gran cantidad de contusos y se consumaron unas 500 detenciones.³² Las personas detenidas fueron interrogadas y prontuariadas. El CEC fue clausurado e intervenido por la policía: los archivos resultaron destruidos y los libros quemados “públicamente en la calle”. Las “fuerzas del orden” realizaron tareas de limpieza, verdaderos “autos de fe”, según se informó en una de las prensas.³³

Cursando el tercer día, todos los locales obreros fueron clausurados por decreto del ejecutivo provincial, incluido el local de la FOPM. Las organizaciones obreras tendrían en adelante limitadas las posibilidades de acción, coordinación y dirección de sus gremios en huelga. En paralelo, grupos civiles lencinistas -reclutados en los comités- fueron provistos con armas de fuego e instruidos en plazas públicas en el manejo de “remingtons y carabinas”.³⁴ Los pertrechos fueron repartidos por miembros pertenecientes a las fuerzas policiales y funcionarios gubernamentales.³⁵

Ese mismo 2 de octubre, las maestras Angélica Mendoza y Elcira Castro fueron detenidas y “rigurosamente” incomunicadas en el Departamento Central de Policía. Tras varios días de arresto fueron trasladadas al hospital San Antonio debido a su delicado estado de salud en donde continuaron en calidad de detenidas.³⁶ Hasta ese momento, nadie supo con exactitud los motivos de aquellas detenciones. Durante el crepúsculo, se produjeron enfrentamientos armados entre la policía y un grupo de huelguistas de Godoy Cruz. En la refriega, el agente Alfredo Moyano recibió un golpe en la cabeza y 4 puñaladas inferidas por un obrero. Casi de inmediato, arreció un intercambio de balas entre ambos bandos, resultando herido en la garganta el subcomisario Domingo Santiago Rivera. Horas más tarde, ambos efectivos policiales morirían.³⁷ Entrada la noche, la policía inició razias resultando al menos 10 obreros detenidos como presuntos responsables de los hechos. Ese día, desde el poder se instrumentaba otro dispositivo de disciplinamiento social: las deportaciones.

Quince obreros vinculados a la rama industrial y de servicios fueron desaparecidos por la policía de Mendoza entre la noche del 2 y el 4 de octubre.³⁸ Trece de ellos fueron inicialmente confinados en el departamento de Lavalle para luego ser deportados por el desierto hacia las provincias de San Juan y San Luis. La mayoría de los secuestrados eran conocidos e influyentes militantes de la clase trabajadora mendocina de aquellos años. La celeridad y coordinación de la medida represiva instrumentada por la policía en diversos departamentos devela la premeditación con la que fue perpetrada. El procedimiento incluyó la incomunicación externa e interna de los presos. En aquellos lugares fueron golpeados, insultados e inmovilizados parcial o totalmente a fin de doblegar la capacidad de resistencia. Excluidos del entorno social fueron trasladados en vehículos oficiales de la policía –“amordazados”, “acollarados”- hacia los departamentos de Las Heras, Lavalle, San Carlos, La Paz o San Rafael. Reubicados en los nuevos centros de detención fueron restringidos física y verbalmente. Los traslados de los 13 trabajadores hacia el departamento de Lavalle se realizaron en diferentes tandas. El primer contingente, partió en marcha forzada hacia la provincia de San Juan el 4 de octubre. El segundo, fue obligado por la policía a marchar al día siguiente. Los nueve deportados fueron orientados por el desierto hacia la provincia de San Luis. En ambos casos, los cautivos fueron esposados de modo cruzado, muñeca izquierda de uno con la muñeca derecha del otro, y obligados a montar en mula sin montura rumbo a los áridos medanales de Lavalle. Fueron sometidos a simulacros de fusilamiento, hambre, torturas y tormentos diversos.

Las fracciones negativizadas fueron “borradas” del espacio en el que se llevaba adelante el conflicto. Material y simbólicamente yacieron “desaparecidas” (Feierstein, 2007, p. 248). La deportación, fue uno de los principales dispositivos de disciplinamiento social mediante el cual se buscó destruir las nuevas relaciones sociales construidas durante el conflicto del magisterio. Pero no fue el único. En los calabozos del Cuartel de Bomberos de la Capital provincial, los detenidos también fueron torturados.³⁹ Angélica Mendoza oyó durante el presidio allí sufrido “las protestas y lamentos de ciudadanos que eran maltratados por los ‘mazorqueros’” (EA, 9-10-1919).

El terror se irradió con implacable celeridad. Los días posteriores a los secuestros fueron luctuosos. Los trabajadores organizados pujaron por la aparición con vida de sus compañeros de lucha y emprendieron la batalla legal. Los jueces negaron los habeas corpus presentados por los abogados (Richard-Jorba, 2014). Las comitivas que salieron en búsqueda de los secuestrados fueron repelidas por la policía. El gobierno negó constantemente estar implicado en las desapariciones (De la Vega, 1997; Richard-Jorba, 2014). La contundencia con la cual fue ejercida la violencia en todos los frentes fue frenética. Para ese entonces había avanzado sobre niños, bases obreras e importantes referentes de la clase:

Madres e hijos corriendo desolados en busca del jefe de la familia violenta e injustamente secuestrado por la policía, damas estropeadas brutalmente en la vía pública, niños sin pan por tener [a] su padre en la prisión y hombres de todas edades vejados, estropeados y recluidos sin causa alguna que lo justifique (EA, 8-10-1919).

Los pliegos de reivindicaciones que daban sentido a la lucha debieron ser parcialmente guardados. La muerte asechaba y tuvieron que asumir la contienda en condiciones extremadamente adversas: continuaron con la búsqueda de los desaparecidos y pujaron por la libertad de los obreros y obreras que permanecían incomunicadas y encerradas en los calabozos.⁴⁰ La operatoria represiva se esparcía por otros medios hacia el conjunto social no incluido en los calabozos, ni en las deportaciones, “como un mensaje aterrador sobre las consecuencias de la acción contestataria” (Feierstein, 2007, p. 376). El escarnio público buscó recluir a las familias proletarias a sus respectivos hogares. Desalojar las calles, cortar los lazos y las comunicaciones, quebrar la disposición social a una lucha construida en base a una ética solidaria fue en gran medida el efecto infligido mediante el ejercicio del terror.⁴¹

La reapropiación violenta del espacio público por parte del Estado logró dislocar los vínculos que dinamizaban el combate de clase. El movimiento obrero mendocino organizado, acorralado tras 8 días de lucha desigual, convocaba a los gremios a que discutieran los términos en los que volverían a sus respectivos trabajos. La huelga general había sido derrotada.

Como hemos abordado anteriormente, la negativización fue construida en términos generizados. Ellas, anarquistas, maximalistas, antipatrióticas e inmorales; ellos, “eunucos”, pollerudos, soliviantados y seducidos por las señoritas educacionistas, faltos de pantalones –según fueron definidos con recurrencia en las prensas ultralencinistas La Palabra y La Montaña-. La represión debe leerse en los mismos términos. Si observamos los extremos de su implementación, la deportación ilegal recayó sobre importantes activistas gremiales y políticos del movimiento obrero; en cambio, la tramitación legal sobre dos de las principales dirigentes de MU. Angélica Mendoza y Elcira Castro fueron acusadas de “agitadoras peligrosas”, encarceladas primero y juzgadas después, bajo el imperio de la Ley de Defensa Social.⁴² El reportero de La Nación logró entrevistar a Angélica Mendoza durante su encierro. Su testimonio enfatizaba el maltrato físico que sufrió en un calabozo con 4 penados “de mal vivir” –según sus palabras–.⁴³ El 13 de octubre fueron sobreseídas,⁴⁴ sin embargo debido al mal estado de salud retornarían a sus domicilios unos días después.⁴⁵ Habían transcurrido más de diez días desde su detención. Como los deportados –varones-, habían sido desalojadas de la contienda y debilitadas corporal y anímicamente.

Palabras finales

El largo conflicto magisterial nos ha permitido mostrar la progresión de los puentes construidos entre diversos eslabones de la clase trabajadora y el modo en que, a mayor profundización de esos lazos solidarios, mayor fue también la construcción negativa instrumentada por el Estado, sus funcionarios y la LPAM sobre la heterogénea composición de sujetos en lucha.

En un primer momento, hemos identificado que el movimiento obrero y las ideologías de izquierda no eran las únicas amenazas a la jerarquía social. Una de las bases institucionales de la estructura social era la familia, y las derechas consideraron que las demandas articuladas por estos sujetos asediaban la estabilidad de esa institución. La presencia pública de las maestras acompañadas de sus estudiantes en manifestaciones callejeras feminizó el conflicto, lo cual implicó la determinación de ciertos dispositivos para la pacificación del orden doméstico, es decir, la restitución de la tranquilidad al hogar. La UMM, aliada al lencinismo, y la LPAM desarrollaron una mayor vigilancia e individualización de las maestras, dado que su agencia socavaba las bases institucionales de la familia, la moralidad y el respeto a la autoridad. Todos elementos que, según su perspectiva, propiciaban el desorden social y, por lo tanto, las maestras sindicalizadas fueron personificadas como perturbadoras del mismo.

En una segunda instancia observamos el modo en que al agotamiento progresivo de la reflexión le continuó el momento decisivo de la acción. La sumatoria de las diversas caracterizaciones: antipatrióticas-feministas, sumada a la supuesta inmoralidad que estas mujeres encarnaban para el orden social/patriarcal, se constituyeron en las bases simbólicas que el Estado necesitó para dar comienzo al quiebre de otras subjetividades, distintas y contrapuestas a las hegemónicas. Terminar con las nuevas expresiones de la sociedad que emergían de esas experiencias y que con cada renovación del conflicto se expresaban con mayor fuerza, se constituyó en el paso previo a la destrucción de las representaciones rebeldes. Al finalizar la primera huelga general solidaria, la profundización de las medidas represivas lograba colocar a la fuerza social en lucha a la defensiva, al tiempo que ensayaba la capacidad de respuesta de la sociedad ante la implementación de la violencia directa y no ya mediatizada. O como suele insistir Waldo Ansaldi, “en el límite –como bien lo prueba la historia de la sociedad argentina-, la violencia de las palabras deviene violencia de los hechos” (2000, p. 32).

Durante ese proceso, las vinculaciones entre Estado, el partido lencinista, la policía, el sistema escolar y la LPAM denotan cambios. Las estrechas relaciones pueden visualizarse en esas prácticas que, inicialmente focalizadas en las infancias y las maestras huelguistas, ensayaron modos crecientes del ejercicio de la violencia hacia miembros de la comunidad solidarizada con la lucha docente. Si bien, el vasto menú represivo desplegado por la policía resulta elocuente, siguiendo a Domenech (2015) y Barry (2019) valdría la pena detenerse con mayor profundidad en el siguiente punto, ¿la policía se encargaba únicamente de ejecutar ciertas medidas o disposiciones como las detenciones o expulsiones o formaba parte de otras tramas institucionales mediante las cuales activaba sus propias definiciones y clasificaciones en tanto actor social fundamental para la vigilancia y el control?

El tercer momento parece arrojarnos algunas pistas al respecto. En específico la instrumentación de secuestros y deportaciones, como uno de los principales dispositivos de disciplinamiento social, logró ese doble objetivo consistente en doblegar la voluntad de los desterrados y ampliar, por fuera de los límites corporales de los confinados, los efectos que esa instrumentación buscaba sobre el conjunto social. Al que se sumaron las detenciones legales realizadas por el Ejecutivo provincial sobre mujeres, infancias y trabajadores que se combinaron con prácticas no legales –torturas y vejaciones- en comisarías y otros establecimientos estatales.

Si bien, ambas modalidades represivas lograron desarticular las poderosas relaciones sociales de resistencia y lucha construidas por la clase trabajadora mendocina (Pereyra y Latorre, 2021), resulta crucial señalar la creciente importancia de los estudios locales a fin de conectar este caso a otros recortes espaciales y no precipitar conclusiones que arrojen resultados excepcionales y autoexplicativos. Mientras tanto, bien vale la pena mencionar algunos elementos convergentes con otros casos, tales como: los procesos de enfrentamiento y lucha llevadas adelante en territorio patagónico argentino durante las primeras décadas del siglo XX (Luque y Martínez, 2005), el “Gran Miedo” a la revolución social que causó en las élites argentinas y sudamericanas la Semana Trágica -1919- (Lvovich, 2020) o la violencia empresarial con participación estatal desplegada dos años después en las huelgas obreras de La Forestal (Jasinski, 2013), entre otros. Como afirma Simonassi (2017), los objetos construidos en nuestras investigaciones no deberían encorsetarse en los marcos de fronteras geográficamente predeterminadas, sino que por el contrario deberán “trans-pasarlas” y continuar desafiando esos límites (pp. 292-293).

Referencias

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Notas

Recepción: 15 Marzo 2024

Aprobación: 20 Abril 2024

Publicación: 01 Julio 2024

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