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Tierra del Fuego: a 50 años de la sanción de la ley 19.640. Historia y memorias de la promoción industrial

Introducción

En el presente escrito se analizan los objetivos y alcances planteados por la ley nacional 19.640, sancionada en 1972 para el territorio de la actual provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico sur. El objetivo central es evaluar, a cincuenta años de la sanción de la ley, el cumplimiento o el fracaso de las proyecciones realizadas y contenidas dentro de la misma. A nuestro entender al día de la fecha solo se ha cumplido uno de los objetivos de la ley: el vinculado al poblamiento del territorio provincial, lo que plantea de cara al futuro un desafío para los gobiernos venideros.

En materia industrial veremos que el crecimiento de las empresas radicadas se debe principalmente a las excepciones impositivas y a los nichos que se crearon en algunos mercados, que fueron rápidamente aprovechados sin cumplir en la mayoría de los casos los requerimientos solicitados por el Estado nacional. El problema principal, relacionado con la instalación de las empresas desde el comienzo, estuvo ligado a la falta de un acuerdo en conjunto, que permitiera establecer metas de productividad y sustitución de insumos importados. Aquí radica el nudo de la cuestión de la estructura del subrégimen de la industria electrónica fueguina.

Veremos que la lógica de acumulación por parte del sector empresarial radicado en la provincia se enmarca en la obtención de ganancias en el mercado interno, gracias a las ventajas que le ofrece la protección aduanera en la que se ubican como el único oferente de productos electrónicos de consumo masivo: celulares, tablets y notebooks, entre otros. En relación con esto último intentaremos establecer el grado de responsabilidad existente en los diferentes niveles estatales.

Teniendo en cuenta que la ley de promoción tenía como objetivo que el Estado provincial hiciera las evaluaciones sobre las mejores opciones para la instalación de emprendimientos en el territorio, y obrara de organismo de control sobre el efectivo cumplimiento de los proyectos productivos radicados en la provincia, su intervención también merece ser revisada. A modo de cierre avanzamos en una evaluación del estado actual de la estructura económica sostenida bajo el amparo de la ley 19.640, sus decretos y regulaciones vigentes, buscando generar el conocimiento necesario para avanzar en el futuro con nuevos estudios sobre las memorias construidas en torno a esta reconfiguración social.

Un poco de historia

El territorio de Tierra del Fuego estuvo marcado, desde sus orígenes, por serias dificultades en materia de población, estructura económica y comunicación con el resto del país. Es la provincia más grande de la República Argentina en superficie territorial,¹ ya que en conjunto con la porción antártica y las islas del atlántico acumula una extensión de 1.002.445 Km. y, a su vez, es la más reciente en obtener dicho grado, con la sanción de la ley nacional 23.775 en el año 1990. La capital provincial Ushuaia es la única ciudad argentina que se encuentra del lado oeste de la Cordillera de los Andes, lo que ha sido materia de litigio internacional con la Republica de Chile hasta los años ochenta.

La colonización de la porción argentina de la isla grande de Tierra del Fuego comenzó en 1880, con el establecimiento de grandes estancias en el norte y la prefectura naval en el extremo sur. Las poblaciones indígenas fueron sometidas a una violencia sistemática que estuvo marcada por los asesinatos y por un proceso “civilizatorio” que prohibió toda manifestación cultural, lingüística, etc., por fuera de las reconocidas por el Estado nacional. Esta aclaración es importante, debido a que en gran parte del material que se ocupa de la historia de Tierra del Fuego se habla de los pueblos originarios como extintos. Siguiendo a la antropóloga Cecilia Gerrard,

a partir de diferentes mecanismos de invisibilización, los Selknam fueron paulatinamente incorporados a los pueblos argentino-chilenos, ocultos entre los ciudadanos, nacidos y criados en el territorio. Por mucho tiempo su existencia fue silenciada y negada y aún hoy permanece oculta en el país vecino. Era necesaria la imagen de un territorio vacío para la creación de un mito de origen blanco (2014, p.9).

Una vez logrado el control territorial las actividades económicas que se desarrollaron fueron muy rudimentarias y estuvieron ligadas a la explotación ovina y a los recursos de fácil acceso. La ciudad de Ushuaia tuvo la particularidad que, a diferencia de las actividades ganaderas que se desarrollaron en el norte de la isla, su enclave socio-territorial quedo circunscripto a la instalación de una colonia penal. La construcción de la cárcel tenía como objetivo lograr un enclave poblacional para la región, debido a que la falta de la misma dejaba abierto el camino a la ocupación por parte de alguna de las potencias europeas y al reclamo continuo por parte de Chile. El penal se estableció como el centro de poder de la ciudad y quien lo dirigía era una referencia obligada para la toma de decisiones. Como bien señala Lila Caimari,

Desde 1897, los gobernadores de Tierra del Fuego perdieron dicho poder, y la prisión fue administrada por autoridades separadas enviadas de Buenos Aires. Esta “división de poderes” tuvo el efecto de convertir al director de la prisión en la autoridad más poderosa del territorio. El presupuesto que administraba y el número de personas que controlaba eran sistemáticamente mucho más grande que los del gobernador (2000, p.10).

La cárcel operó hasta el año 1947 y fue el centro de toda la vida social de Ushuaia, albergando un promedio de 500 presos por año con un personal cercano a las 350 personas. La población civil participaba de las ceremonias oficiales dentro de la cárcel, y la mayoría de las familias trabajaba directa o indirectamente para el sostenimiento del penal. Ushuaia permanecía aislada por sus fronteras naturales, el lago Fagnano la separaba del norte de la isla y los caminos eran prácticamente inexistentes. El poco desarrollo de actividades comerciales y las dificultades de conexión con el resto del país hicieron de Tierra del Fuego, hasta mediados del siglo veinte, la región menos poblada del país y la más dependiente de la asistencia del Estado nacional.

Durante los gobiernos peronistas se intentó establecer población sin éxito, y el nuevo estímulo para el asentamiento se basaba en la posible explotación petrolera en el norte de la isla, en la ciudad de Rio Grande, quedando supeditada Ushuaia a las actividades administrativas y el manejo del puerto. En los próximos apartados analizaremos la política de desarrollo delineada por la dictadura del general Lanusse en 1972, que cambiaría drásticamente la vida de la isla.

El primer quiebre socio-histórico (1972 - 2008)

En mayo de 1972 se sancionó la ley 19.640, que estableció un régimen fiscal y aduanero especial para Tierra del Fuego. Fue el inicio del proceso de integración y desarrollo para el territorio nacional que más dificultades había presentado en materia de poblamiento y emprendimientos productivos. Para los años setenta la provincia contaba con un poco más de trece mil habitantes de los cuales más de un tercio eran chilenos. Para los militares la hipótesis de conflicto bélico con Chile por la Patagonia se mantenía latente desde las décadas anteriores, pero iría cobrando un impulso acelerado durante los años setenta debido a la disputa entre los sectores militares de ambos países. Por lo tanto, la ocupación de Tierra del Fuego era considerada de vital importancia en materia geopolítica y sería el pilar en la primera etapa de aplicación de la ley 19.640. El caos y la violencia en la que se encontraba la Argentina de mediados de la década del setenta no permitió una política continua y que se pudiera proyectar más allá de las buenas intenciones. La provincia permaneció hasta entrados los años ochenta con una importante escasez de mano de obra y casi inexistente explotación industrial.

Recién con el retorno de la democracia, en 1983, se inicia lo que para muchos es la segunda etapa de la ley de promoción económica. Se establecieron por primera vez plazos y se priorizaron actividades que no compitieran con las del territorio continental. Se realizó una consulta a los actores locales sobre los sectores y el tipo de productos que deberían instalarse en la isla. Este dato es de suma importancia, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las intervenciones nacionales sobre los territorios provinciales no tomaron en cuenta las condiciones locales y las estructuras económicas, políticas y culturales allí existentes. Lamentablemente los informes elevados desde la gobernación a la secretaria de industria de nación no tendrían un peso importante en el futuro inmediato.

En los años ochenta el perfil productivo provincial cambió radicalmente, debido a la instalación de empresas fabricantes de bienes intermedios (televisores, heladeras, artículos electrónicos, etc.) y a la migración más importante en toda su historia. Como bien señala Kosacoff,

se instalan empresas sin ningún tipo de integración y con ínfima participación de la ingeniería local… la escasa selección de las actividades según un modelo de industrialización coherente, los elevados costes fiscales, la falta de competitividad a nivel global y la ausencia total de fiscalización sobre el desarrollo de las actividades (Azpiazu y Kosacoff, 1989, p. 24).

La instalación de empresas estuvo ligada a los beneficios impositivos y al otorgamiento de permisos de importación, no generando un incentivo para la formación de capital y el aumento de la productividad a largo plazo. El punto sensible de la lógica de acumulación que se fue creando en la provincia estuvo dado por las problemáticas señaladas anteriormente y por la propia normativa que establecía que las mercaderías no originarias del área especial, pero que presentaban un cambio sustancial, se encontrarían protegidas por el denominado sub-régimen industrial. Aunque no siendo originarias, la transformación realizada le otorgaba características nuevas, por lo que se consideraba como un producto novedoso. Los empresarios obtenían así un área libre de impuestos, recordemos que se eliminaban las restricciones de importación para mercaderías originarias o que acreditaran origen, los vendedores recibían el IVA de los compradores, pero no debían realizar el pago del IVA al igual que el impuesto a las ganancias.

Con estas condiciones otorgadas por el Estado nacional la instalación de empresas fue un éxito en el corto plazo, pasando de 74 establecimientos industriales en 1980 a más de 160 a finales de la década siguiente. La demanda de mano de obra se multiplico por diez en poco más de 5 años, pasando de 581 trabajadores ocupados en puestos industriales para 1980, a 5771 para el año 1986. Durante la década del ochenta la población de Tierra del Fuego paso de 29.392 a 69.369 habitantes para el año 1991, evidenciando una tasa de crecimiento de 136%, lo que la ubicaba entre las más altas del país.² La crisis hiperinflacionaria de 1989 y las posteriores reformas neoliberales abrieron otra etapa para la provincia en materia económica, pero en cuanto a su poblamiento el objetivo central de la ley estaba cumplido.

En la década del noventa se dio inicio a la tercera etapa del régimen de promoción, caracterizada por el ingreso de nuevas firmas al entramado productivo local, y por mostrar un incremento en el flujo de productos importados y exportados de la zona aduanera. En 1993 se determinó un límite de 50% a los componentes importados para la fabricación de productos en la provincia, y la necesidad de implementar una metodología para que se comprobara la transformación sustancial de los materiales importados (Romano, Kataishi y Duran, 2018).

Este cambio en la normativa generó una reestructuración de varias empresas y el cierre de muchas de ellas. El golpe sobre la estructura industrial provocó que la cantidad de empresas disminuyera a unas cincuenta, que se mantendrían operando durante los próximos 15 años. Las que habían llegado primero y estaban instaladas mediante la presentación de proyectos, pudieron resguardarse de los vaivenes de la economía nacional. Igualmente vale la pena aclarar que no se produjeron grandes cambios en la tecnología empleada, y continuaron predominando procesos de baja complejidad y con un porcentaje elevado de componentes importados.

En paralelo a las reformas neoliberales de la década del noventa, y al estancamiento de la actividad económica en la provincia, se puso en evidencia que el sostenimiento de los puestos de trabajo no lograba resolver un problema clave para el grueso de los trabajadores: la situación habitacional. En el año 2005 se produjo una gran toma de tierras por parte de cientos de habitantes que no podían pagar los alquileres. Se conformó el barrio “El Escondido”, que albergó en un primer momento a unas 250 familias y hoy cuenta con una población cercana a los diez mil habitantes. La importancia que cobró este hecho en la opinión pública local permitió que se incorpore la cuestión habitacional a la agenda gubernamental como un tema prioritario, por lo cual en el año 2007 surgió como respuesta por parte del Estado a la condición de vulnerabilidad de los vecinos la ley n°746

LEY DE EMERGENCIA HABITACIONAL Y URBANO-AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA” con el objeto de consensuar, obtener y aplicar soluciones eficaces, oportunas y progresivas frente a la crisis declarada, que expresa entre otras cosas que no podrán articularse medidas expulsivas de los asentamientos humanos existentes en tierras fiscales a la fecha de promulgación de la presente y durante su vigencia³ de viviendas construidas antes de la promulgación de la misma que fue extendida en el 2008 mediante la ley provincial 766.⁴

Estas situaciones ponen en evidencia que la política de promoción económica y el subrégimen industrial nunca fue proyectada teniendo en cuenta a los trabajadores que iban a movilizarse hacia esos territorios. Otro dato clave lo encontramos en la tenencia de la tierra, mientras que en el total del país para el año 2010 el 69% de los hogares eran propietarios de las viviendas y el terreno que habitaban, en Tierra del Fuego ese porcentaje se reducía al 58%. En cuanto a los no propietarios, mientras en el resto del país pasaron de representar el 30% en el año 2001, al 33% para el año 2010, en la provincia esa situación pasó del 35% al 44% (Pérez y Martínez, 2014). La situación en Tierra del Fuego había empeorado en materia habitacional con relación a la media del país, más allá del alto nivel de salarios y la gran cantidad de terrenos disponibles para su urbanización.

Como sostiene Gonzalo Pérez Álvarez, “las ciudades se planificaron para las empresas y no para los trabajadores” (2021a), e incluso podríamos agregar que los trabajadores migrantes fueron tratados como “invasores” y ciudadanos de segunda. Gran parte del marco normativo provincial se basa en el reconocimiento de la antigüedad y permanencia ininterrumpida en la isla. Desde el puntaje extra para acceder a cargos docentes, como así también para la confección de los listados de acceso a la vivienda del instituto provincial (IPV). Esta segmentación y diferenciación es parte de la falta de integración de una política tan fuerte de intervención socio territorial, como lo es la ley 19640, con los gobiernos provinciales y municipales. Una vez manifestados los conflictos sociales, inevitables ante situaciones de extrema vulnerabilidad, se sucedieron manifestaciones desde los ejecutivos responsabilizando de los mismos a las “industrias” y no a la falta de atención a las demandas sociales que llevaron a dicho conflicto (Pérez Álvarez, 2021b).

El segundo quiebre socio-histórico (2009 – 2024)

Durante el primer mandato de la presidenta Cristina Fernández se produjo la última y más importante etapa de expansión de la ley 19.640. El cambio inició mediante la sanción de la ley 26.539, que modificó la ley de impuestos tecnológicos internos y el IVA, aumentando de 10.5% a 21% los productos informáticos y electrónicos importados e incrementando el beneficio a los productos que acreditaran origen en el área aduanera especial de Tierra del Fuego.

Al año siguiente se sancionó el decreto 916/10, que autorizaba la presentación de nuevos proyectos para la producción de computadoras portátiles. Se modificaron los criterios por los cuales un proceso productivo es capaz de generar transformaciones relevantes, con base a la cantidad de pasos dentro del proceso productivo y en las características de los mismos en términos de agregado de valor. Estos cambios llevaron a diferentes estrategias por parte de las empresas para lograr enmarcarse en los nuevos requerimientos, algunas de las cuales llevaron a una fuerte informalidad y al uso de mano de obra intensiva, y otras se basaron en la incorporación de maquinarias de última generación (Kataishi, 2016).

En materia de producción industrial continuaron desarrollándose los bienes intermedios ligados a los celulares, tv led y aires acondicionados. Se sumaron las autopartes electrónicas y las empresas textiles.

Imagen 1

Producción de los principales bienes de la industria electrónica.

Fuente: Informe productivo provincial 2021. Secretaría de planificación del desarrollo y la competitividad federal. Ministerio de Economía.

Imagen 2

Producción de autopartes electrónicas.

Fuente: Informe productivo provincial 2021. Secretaría de planificación del desarrollo y la competitividad federal. Ministerio de Economía.

Imagen 3

Producción de los principales electrodomésticos.

Fuente: Informe productivo provincial 2021. Secretaría de planificación del desarrollo y la competitividad federal. Ministerio de Economía.

Lo que podemos observar en los gráficos es que el subrégimen es muy sensible a la coyuntura económica nacional, por ejemplo en los años donde se realizaron ajustes y devaluaciones (como en el 2012 y 2014) la retracción de la producción fue muy notoria. Entre los años 2016 y 2018 la producción cayó drásticamente debido a la apreciación del peso con respecto al dólar, la importación y la apertura de canales de comercialización que posibilitó que mucha gente pudiera acceder a comprar por plataformas internacionales. A partir del año 2019 el escenario productivo de la provincia se vio afectado, primero por la crisis de deuda y la escalada del dólar que concluyó con la imposición de un nuevo cepo cambiario que restringió el acceso a dólares para todos los sectores.

En el año 2020 la pandemia tuvo un efecto similar en todo el país, reduciendo la producción a niveles históricos. Recién en 2021 se incentivó la reapertura de varias líneas de producción, las cuales elevaron el nivel de unidades equiparándolos con los años récord. Las restricciones de acceso al mercado internacional, la escasez de divisas y las políticas de subsidios al consumo explican el aumento de la producción interna. Las diferentes estrategias gubernamentales para apuntalar el comercio interno, ligadas a las compras subsidiadas en 12,18, 24 y 36 cuotas, con un interés muy por debajo de la inflación, posibilitaron la expansión en medio de una caída estrepitosa del salario real. Recordemos que en el año 2015 el salario inicial de un trabajador del sector electrónico rondaba los $20.000, que al tipo de cambio oficial del momento equivalía a unos U$ 2.000, en la actualidad el salario promedio se sitúa en $ 570.000 que equivalen a unos U$ 580, lo que muestra el nivel de deterioro de los ingresos en menos de diez años.

El último dato relevante que se desprende de la serie se vincula al nivel de importaciones de insumos por parte de las empresas comprendidas en el subrégimen: por cada punto porcentual que se incrementó el volumen físico de producción en esos años, las compras externas subieron en un porcentaje idéntico. Por ende, y teniendo en cuenta que la producción es mayoritariamente mercado-internista, todo impulso al consumo tiene un efecto negativo sobre la balanza comercial (Schorr y Porcelli, 2014, p.20).

Desde que se anunció de manera oficial la reapertura del subrégimen se produjo una nueva oleada migratoria hacia la provincia (Farias y López, 2016). Entre el año 2009 y el 2022 la población aumentó un 49%, pasando de 127.205 habitantes a 190.641 según los datos del último censo. Si comparamos el periodo 2001/2010 los habitantes de la provincia pasaron de 101.079 a 127.205, lo que permite observar que el crecimiento poblacional disminuyó con respecto a la expansión que había tomado desde la década del ochenta con la primera etapa expansiva del régimen de promoción.⁵ Esto último pone en evidencia que el nuevo impulso dado desde el ejecutivo nacional tuvo un efecto muy importante en continuar incrementando el asentamiento de población en el territorio, y revirtiendo la tendencia provocada a partir de la crisis de fines de los años noventa.

El lado no previsto ni anticipado por parte de la política pública, una vez más, fue el destino y la vida de los trabajadores migrantes. La falta de acceso a la vivienda se agravó aún más en este periodo, ya que se sumaron a los conflictos del presente los problemas no resueltos de la anterior oleada migratoria. La repuesta de los municipios de Ushuaia y Rio Grande fue la persecución y criminalización de todo intento de toma de tierras por parte de la población. El caso de la ciudad de Ushuaia es paradigmático, porque tercerizo en una empresa privada (Cooperativa Magui Mar) el uso de la violencia para controlar la dinámica de los barrios más humildes de la ciudad y así contener su expansión.

En el año 2015, con el cambio de intendente en la ciudad de Ushuaia, se dio de baja el contrato con la cooperativa y se inició un doble proceso con respecto al acceso al suelo urbano.⁶ Por un lado, el municipio comenzó a lotear varias hectáreas, las cuales fueron adjudicadas mediante sorteo público, y por el otro permitieron diferentes proyectos autogestionados y tomas de tierras controladas para una posterior regulación.

Vale la pena mencionar que en muchos de los proyectos firmados con las empresas que se radicaron en la provincia, éstas se comprometían a la construcción de barrios para sus obreros. Pero también, como en otras cuestiones en las cuales el Estado debía auditar el funcionamiento del proyecto aprobado, nadie se hizo cargo del incumplimiento del mismo. La amenaza latente de relocalización por parte de las empresas al gobierno provincial ante cualquier medida que afectara sus tasas de ganancias, ponía sobre la mesa la fragilidad de la estructura productiva local en materia financiera y de empleo.

Con respecto al modo de contratación de las principales fábricas, podemos observar irregularidades de todo tipo por parte de las empresas. Dos tercios del total de los trabajadores del periodo analizado, que rondaban los catorce mil, se encontraban bajo contratos que oscilaban entre uno, tres, seis y doce meses. Esto dejaba en condiciones de vulnerabilidad y sometimiento a los trabajadores, que en muchos casos veían cambiar sus condiciones de trabajo semana a semana, hasta incluir de manera coercitiva la obligatoriedad de la realización de horas extras. Los capitalistas radicados en la provincia no solo contaban con múltiples beneficios impositivos, sino que en materia laboral imponían de hecho una flexibilización impensada en otras partes del país. Ello nos lleva a plantearnos otra cuestión: teniendo todos estos incentivos, que tantas veces diferentes sectores de la burguesía nacional reclaman para el conjunto del país, ¿cómo es posible que no puedan integrarse al mercado mundial después de muchos años de protección, y que sigan dependiendo exclusivamente del mercado interno? Una posible respuesta se encuentra en danza en la actualidad, cuando desde diferentes sectores políticos y empresariales proponen terminar con el subrégimen, dando de baja todos los beneficios impositivos debido al fracaso que representa el modelo productivo alcanzado, en cuanto a las perspectivas a futuro de una posible inserción en el mercado mundial con algún grado de autonomía.

A modo de cierre: fracaso, crisis y perspectivas

El régimen de promoción económica sancionado para la provincia de Tierra del Fuego cumplió más de cincuenta años y, en un territorio que siempre estuvo circunscripto a disputas geopolíticas, hipótesis de conflicto bélico y el miedo al vacío poblacional, la precariedad sigue estando presente. El régimen sancionado bajo la dictadura de Lanusse es una clara muestra de la importancia que para las Fuerzas Armadas mantenía la necesidad de afianzar la soberanía sobre la isla. Por tal motivo, el primer objetivo del régimen era el poblamiento del territorio, el cual quedaba supeditado al desarrollo económico y productivo que debía sostenerse como un medio para que la población obtuviera estabilidad mediante el acceso permanente al trabajo.

Con el correr de los años las diferentes normativas que apuntalaron y expandieron el régimen convalidaron una cierta anarquía con relación a los polos productivos que se instalaron en la provincia, debido a la vaguedad en los lineamientos sobre la producción, que aumentaron la especulación y la obtención rápida de los beneficios por parte de los capitalistas. Como señalan Aspiazu y Kosacoff,

El régimen de Tierra del Fuego estableció la motivación principal para los inversores a través de la libre importación de insumos y la protección al producto final, lo que incentivo la instalación de empresas que realizan tareas de escasa integración y con una ínfima participación de la ingeniería local (1989, p. 25).

En la actualidad el panorama de las empresas que se encuentran amparadas bajo el subrégimen industrial en Tierra del Fuego es muy complicado, debido a la fuerte restricción externa que enfrenta el país. Como ha sucedido a fines de la década del ochenta, el contexto de crisis de deuda externa, inflación y caída de las exportaciones, provoca un estrangulamiento de la producción y el empleo en dichos sectores. Desde algunos partidos políticos han manifestado la necesidad de modificar y hasta derogar el subrégimen industrial.

El único proyecto de ley presentado formalmente hasta la fecha que solicita la derogación de la 19.640, fue postulado por la Coalición Cívica⁷ en el 2022. Sus puntos más importantes señalaban que la perdida tributaria para el Estado nacional ascendería para el 2023 a 520 mil millones de pesos, el equivalente al 0.35% del PBI, de los cuales solamente 69 mil millones correspondían a salarios. Debido a este importante gasto se proponía la eliminación de las protecciones al subrégimen, garantizando el 80% del salario percibido a los trabajadores en relación de dependencia por cinco años, desde que fuera sancionada la ley y a medida que cerrasen las plantas electrónicas. El proyecto no logró pasar la cámara de diputados y fue rechazado por amplios sectores partidarios. Podríamos añadir que la ley no contemplaba a los contratados, por lo que dejaba afuera de la cobertura salarial a la porción mayoritaria de los empleados de las industrias fueguinas.

Para concluir, la evaluación que se viene realizando desde el gobierno provincial y nacional está vinculada al impacto local que tendría el cierre de la industria electrónica. Una rápida descripción nos muestra que en 2023 la provincia contaba con unos 190 mil habitantes, de los cuales 89 mil son la población económicamente activa. De estos últimos 39 mil se encuentran en el sector privado registrado, 27mil pertenecen a la planta del sector público, y solamente 11 mil al subrégimen industrial.⁸ Tomando en cuenta estos datos, el empleo en el sector industrial viene en franco descenso, si lo comparamos con el pico histórico de 15 mil empleados en 2015. Sumado a la abrupta caída desde la crisis del 2019, con la pérdida de un poco más de 5 mil puestos de trabajo.

No es casualidad que desde ese momento a la actualidad el empleo estatal aumentó en la misma proporción, ya que el gobierno provincial viene desde hace diez años absorbiendo a gran parte de los expulsados del sector industrial, con el claro objetivo de mantener un nivel bajo de desocupación, lo que la transformó en la provincia con la relación población/empleo público más alta del país, 125 empleados cada 1000 habitantes.⁹

El nudo a desatar por parte de los diferentes ejecutivos y los equipos técnicos radica en poder generar enclaves productivos que estén ligados a los recursos existentes en el territorio provincial, articulándolos con los diferentes actores locales para obtener una producción que no dependa del auxilio del Estado nacional, ni de las concesiones excesivas del gobierno provincial. Mientras tanto parece inevitable que en el corto plazo surjan más impugnaciones a un subrégimen industrial que termina beneficiando a un puñado de empresarios, que no lograron desarrollar procesos de producción más allá de la protección y los beneficios de la ley de promoción industrial. En este último punto radica el gran problema del escenario productivo provincial, debido a que no se generaron las condiciones para exportar el grueso de la producción más allá de las fronteras nacionales.

Los organismos estatales no auditaron ni regularon el entramado productivo que se fue gestando al calor de los beneficios obtenidos por la protección aduanera a la competencia internacional. El desafío para toda la clase política y las burguesías locales es muy grande, la crisis parece acelerar todos los tiempos, pero solo se puede estar seguro de una cuestión: no se pueden dejar libradas al azar las vidas que hoy dependen de la producción industrial. Por ello cualquier proyecto que se intente llevar a cabo debe contemplar en primer lugar la contención y el futuro de las miles de personas que directa e indirectamente viven del subrégimen y desde hace décadas construyeron su vida en la Tierra del Fuego.

Referencias

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Azpiazu, D. y Kozacoff, B. (1989). La industria argentina: desarrollo y cambios estructurales. Buenos Aires: CEAL.

Caimari, L. (2000). Una sociedad nacional-carcelaria en la frontera argentina (Ushuaia, 1883-1947). Actas Primeras Jornadas de Historia del Delito en la Patagonia. General Roca: GEHiSo y Facultades de Humanidades y de Derecho y Ciencias Sociales.

Farias, A. y López, J. (2016). Migración y heterogeneidad cultural en Tierra del Fuego. Un análisis de la desigualdad social asociada a procesos migratorios, 2004 y 2014. IX jornadas de sociología de la UNLP. La Plata: UNLP.

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Pérez Álvarez, G. (2021a). El sueño (roto) de crear una región sin historia. La Patagonia argentina en dos subescalas: el noreste de Chubut y la Isla de Tierra del Fuego. Travesía, 23(1), 129-155.

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Romano, S., Kataishi, R. y Duran, L. (2018). La promoción industrial en Argentina: entramado normativo para el caso de la ley 19.640. Economía, Sociedad y Territorio, XVIII(58), 947-976.

Schorr, M. y Porcelli, L. (2014). La industria electrónica de consumo en Tierra del Fuego. Régimen promocional, perfil de especialización y alternativas de desarrollo sectorial posconvertibilidad. En Documentos de investigación social, 26, UNSAM.

Tierra del Fuego. Informe productivo provincial. Año 7, 42, noviembre de 2022. Ministerio de Economía de la Nación.

Notas

Recepción: 15 Marzo 2024

Aprobación: 20 Junio 2024

Publicación: 01 Julio 2024

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