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Gestos, objetos y fotografías. Notas sobre un encuentro o crónica de lo que refulge en su semiosis (im)posible

Introducción

Entre septiembre y marzo de 2022 el Archivo Nacional de la Memoria (en adelante ANM) trabajó en una muestra instalación estableciendo diálogos entre diversos fondos y colecciones de su acervo. De esa experiencia surgió el lazo que nos convoca, aquel despuntado entre dos colecciones: la colección Camarón constituida por documentos de diversos soportes (banderas, afiches, papeles personales, manuales de formación, insumos médicos, órganos de prensa y propaganda, máquinas de escribir, mimeógrafos, ropa, entre otros) que, entre 1970 y 1973, la Cámara Federal en lo Penal de la Nación secuestró a militantes y organizaciones políticas, armadas, sindicales y estudiantiles; y la colección fotográfica del diario Crónica (Editorial Sarmiento), compuesta por 92.000 imágenes aproximadamente.

La relación que establecimos entre ambos acervos documentales nos permite aproximarnos al análisis semiótico de cinco fotogramas digitalizados de tres tiras de negativos del diario Crónica, atendiendo a sus condiciones de producción y de posibilidad, al volumen de huellas en desplazamiento (Barthes, 1993) y las dimensiones significantes que estas huellas habilitan. Es decir, analizaremos las imágenes considerando no sólo su relación con la conformación del Camarón, sino con los objetos-documentos que conforman, actualmente, la colección en el ANM.

En este texto, que entendemos como un hilvanado incipiente, las semiografías de Roland Barthes serán parte de la brújula que nos orientará en la aventura semiológica, calibrada en la insistencia de sortear la fijación al método —como ley— para que sea posible la práctica de la escritura, para comprenderlo como ritmo. En un camino que entendemos curvo y de encrucijadas, es el propio texto el campo metodológico. Será el fragmento y la fragmentación la operación de este método de desprendimiento que Barthes (1986) nos ofrenda, método que consiste: “en la fragmentación si se escribe y en la digresión si se expone o, para decirlo con una palabra preciosamente ambigua, en la excursión” (p. 147). Excursión que nos permite configurar la constelación conceptual para detenernos en los detalles, las astillas, las huellas, los restos; en el entre lo visible y lo invisible en y de las imágenes —los cuerpos, los gestos, las poses, los objetos— en relación con sus condiciones de producción, su pasaje significante y su arconte actual (el ANM). Excursión que nos convoca a hilvanar las huellas en una diaforalogía¹ de las imágenes, siendo el punto de encuentro aquel que parte de la idea de la semiología como “escucha o visión de los matices” (Barthes, 2004, p. 57). En este horizonte, construimos la zona (im)posible de las imágenes, aquella que insiste en sus huellas y en sus restos,² entre la significación y la significancia (Barthes, 2015), haciendo lugar a su dimensión imposible, irreductible e inde(ci)dible.

La irreductibilidad de la imagen, consideramos, también se encuentra enlazada a los heterogéneos tratamientos que, desde diversos discursos, hagan posible la semiosis de sus huellas y a lo que su política interpela y posibilita en orden a su legibilidad histórica. Sobre esta última operación entendemos con Didi-Huberman (2015) un procedimiento de análisis por la vía del detalle, dirigiendo la mirada hacia las incalculables singularidades que atraviesan el acontecimiento, es decir, hacia las condiciones enunciatorias de las imágenes, para “volverlas legibles, volviendo visible su construcción misma” (Didi-Huberman, 2015, p. 25) en tanto cada imagen-acto, como fragmento singular, se presenta imposible de concebir fuera de sus circunstancias.

Configuramos la constelación conceptual considerando aquella decisión que, como septentrión, asume Roland Barthes en torno a la conformación de un horizonte teórico que sutilmente abra las fronteras disciplinares dispuestas de continente a los discursos, para volverlas trazas susceptibles de contornearse y asumir diversas formas. En esta apuesta, la perspectiva de análisis que ensayamos se ancla a la vez en los estudios de memoria, la semiótica y los estudios visuales, en una relación que no se pretende ecléctica sino articulada a lo que denominamos política de los restos. Política de y en las imágenes que nos anima en la semiosis de las fotografías, no sólo en orden a las formas de la mirada, la parcialidad y la contingencia de la producción de sentido, sino a hacer lugar a las torsiones que las imágenes supervivientes producen en los pliegues de la política, de la historia, de las memorias, en las figuras de lo sensible y hacia lo sensible, partiendo de la idea de que las fotografías no sólo son testimonio político sino, además, un fragmento que atraviesa las formas políticas del presente, introduciendo e insistiendo sobre su dimensión pathemica, afectiva y sintomática.

Damos paso al recorrido que, en primera instancia, nos encuentra con el análisis de las condiciones de producción de las fotografías, a fin de comprenderlas no sólo anudadas a los discursos, instrumentos (i)legales y prácticas que las produjeron, sino también a lo que, más de 45 años después, con su pasaje de arconte, estas fotografías nos devuelven en su subversión significante.

El Camarón

El 28 de mayo de 1971, durante la dictadura militar al mando del General Alejandro Lanusse, se sancionó mediante el Decreto-Ley 19.053 la creación de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación (CFPN), conocida como Camarón o Cámara del Terror. Las finalidades de este tribunal eran la persecución, la represión y el juzgamiento de lo que consideraban “actividades subversivas” a lo largo y ancho del territorio nacional.

Partiendo del estatuto de intertexto de todo texto, en tanto “tejido nuevo de citas pasadas”, tal como lo propone Barthes (2013) para nombrar los “jirones de textos que han existido o existen en torno al texto considerado […] [pues] otros textos están presentes en él, en niveles variables, con formas más o menos reconocibles” (p. 146), reconocemos al Plan de Conmoción Interna del Estado (CONINTES) ejecutado entre 1958 y 1961 para la represión de militantes políticos y sindicales como intertexto -y como parte de las condiciones de posibilidad- del Camarón. Dicho Plan, sancionado a través del Decreto Secreto Nº 9880/58 por el entonces presidente constitucional Arturo Frondizi y publicado dos años más tarde mediante otros dos decretos, fue parte de la programática del Estado hasta agosto de 1961 cuando fue reemplazado por la Ley 15.293: “de emergencia para la represión de las actividades terroristas en todo el territorio de la República”. Esta ley, sancionada el 21 de julio de 1960, profundizaba el programa y la ejecución represiva para el sofocamiento del movimiento obrero organizado, subordinaba las Fuerzas de Seguridad a las Fuerzas Armadas, introducía el código militar para el juzgamiento de civiles y establecía penas más severas para las actividades consideradas terroristas “contra la seguridad de los bienes o de las instituciones de la Nación”; esto es, cualquier sujeto partícipe en prácticas de resistencia, luchas sindicales y políticas.

De este intertexto también formó parte el Decreto-Ley N° 17.401 sancionado en agosto de 1967 que penalizaba “personas físicas o de existencia ideal que realicen actividades comprobadas de indudable motivación ideológica comunista” (Art. 1). Como parte del engranaje de tales doctrinas y su aparato de legalización también podemos mencionar la Doctrina de la Guerra Revolucionaria erigida por Francia y la Doctrina de Seguridad Nacional procedente de Estados Unidos.

La creación del Camarón se inscribió en una matriz discursiva históricamente constituida desde el Estado Nación en la que se delimitaron y significaron las otredades configuradas como obstáculos a los intereses económicos políticos y amenazantes de “la” -producción imaginal- identidad argentina. Matriz sobre la que se forjaron, también, las figuras de legitimación de las violencias estatales encarnadas y desplegadas sobre dichas otredades. Orden y progreso, son dos de los elementos que, como parte de la retórica del combate contra todo aquel que los amenace, pueden rastrearse desde fines del siglo XIX en la denominada “contienda de razas” (Julio A. Roca en La Prensa, 1878). Sin ánimos de simplificar ni reducir tal configuración discursiva nos interesa reconocer el desplazamiento, a mitad del siglo XX, del sujeto que encarnaría la otredad a exterminar con acento en la dimensión ideológica constitutiva de este enemigo; dicha operación, sin embargo, no implicó el abandono de la “contienda de razas”, con otros significantes, de múltiples maneras manifiestas o latentes, continuaría atravesando el campo social y político.

Como refieren García Novarini, Pais Negrín y Tizón (2022), desde 1955, con el golpe de Estado que proscribió al peronismo, “la dinámica del conflicto político interno y el impacto local de la Guerra Fría favorecieron un ejercicio de la violencia estatal que, con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad como brazos ejecutores principales, atravesó a gobiernos democráticos y dictatoriales” (p. 6). Dicho ejercicio fue acompañado por una serie de cambios doctrinarios. La noción de guerra, afirman las/os autoras/es, se desplazó del clásico enfrentamiento entre Estados al combate de lo que consideraban una amenaza ideológica política: el comunismo que “invadía” el territorio nacional poniendo en peligro la integridad nacional y los valores occidentales y cristianos que reconocían constituyentes de la tradición argentina. En este marco, el sintagma “enemigo interno” aparecía como el cimiento sobre el que se construía, legitimaba y legalizaba el accionar represivo como “guerra” ideológica contra el comunismo o el marxismo que, en tanto extranjero al tejido político nacional, intentaría “infiltrarse”.³

La letra de creación de la CFPN la invoca “llamada a juzgar en instancia única y juicio oral todos los delitos de índole federal que se cometan en el territorio nacional y lesionen o tiendan a vulnerar básicos principios de nuestra organización constitucional o la seguridad de las instituciones del Estado” y sancionar “con rapidez y eficacia, cuando corresponda, los actos de los que están empeñados en destruirlas”. La definición del sujeto de este último enunciado es ampliada con la delimitación de los tipos de delitos sobre los que la Cámara tendría competencia: aquellos cometidos contra establecimientos nacionales o interprovinciales, que perturbaran comunicaciones u obstruyeran acciones de autoridades, ante alzamientos o resistencias, con motivo o en ocasión de huelgas, paros u otros movimientos de fuerza, intimidación o subversión, en los casos de muerte o lesiones contra miembros de las Fuerzas Armadas, Gendarmería Nacional, Policía Federal o Prefectura Naval y de las Policías provinciales que actuasen bajo órdenes de autoridades nacionales. También ante aquellos previstos en la Ley N° 17.401, como la tenencia de documentación, material de propaganda comunista y su difusión, es decir, tener, repartir, pegar o pintar en la vía pública consignas, carteles, folletos, órganos de prensas o boletines de las organizaciones políticas:

Muchas veces lo más grave del material político secuestrado era lo que el tribunal interpretaba como incitación a la violencia colectiva. La represión alcanzaba al conjunto de las organizaciones políticas de izquierda existentes en esa época y al peronismo, en especial la tendencia revolucionaria […] La actividad de la CFPN también incluyó su intervención para reprimir al movimiento estudiantil y a la actividad política en las universidades y llevó adelante varios juicios contra estudiantes y docentes. […] Otro aspecto importante de la actividad de la CFPN fue la censura de la actividad cultural, editorial y de las publicaciones periódicas (Eidelman, 2008, p.13- 14).

Este Tribunal especial con jurisdicción en todo el territorio nacional, subdividido en otras tres cámaras, con nueve jueces y tres fiscales, al que la dictadura consideraba “imprescindible”, se erigía en su versión judicial como parte de la maquinaria estatal de represión. Diversos juicios orales a lo largo y ancho del país, cuyas resoluciones resultaban inapelables, constituían el marco anticonstitucional en el que cientos de militantes fueron juzgados, con escasas garantías procesales. Desde 1970 muchos/as de los/as militantes perseguidos/as, detenidos/as y condenados por el Camarón, irían a parar al penal de la ciudad de Rawson, en la provincia de Chubut. Penal en el que se llevaría adelante una de las mayores articulaciones entre las organizaciones políticas armadas de diversas tendencias ideológicas para hacer posible la fuga de presos/as políticos/as en agosto de 1972. Fuga que agujereaba la omnipotencia del poder represor. Agujero que, con la impotencia de un poder dictatorial debilitado y con la impunidad de su accionar, intentaron cerrar con un acontecimiento bisagra en el plan sistemático de exterminio: la Masacre de Trelew y, con ella, la profundización de la persecución y el asesinato de sus familiares y de otros/as militantes.

Gran cantidad de objetos secuestrados por el Camarón permanecieron, en Capital Federal, en el edificio donde dicha Cámara se encontraba emplazada. En 2007, durante una refacción edilicia, fueron hallados en un sótano, apilados, sin ordenamiento ni conservación, en avanzado grado de deterioro, con indicios de haber estado expuestos a la humedad, al polvo y al fuego. En este marco, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y el Consejo de la Magistratura determinaron su transferencia a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Tiempo después fueron entregados al ANM, que se encuentra en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grande del país. En ese pasaje de arconte los objetos encontraron una nueva superficie de inscripción que subvierte los sentidos producidos por la Cámara, reconoce otras huellas y las integra a diversas narrativas de memorias. Huellas que, entre la significación y la significancia, hablan del archivo policial que habrá sido en el archivo de la memoria que estará llegando a ser. Desde estas coordenadas de lectura y marcos de la mirada emprendemos el análisis de las imágenes.

Las fotos de Crónica

El diario Crónica, fundado en 1963, era el único periódico que tenía tres ediciones diarias los siete días de la semana. Para 1970 alcanzaba una tirada de casi un millón de ejemplares. Con coberturas en Capital Federal y en diversas provincias, la tarea del reportero fotográfico asumía un lugar protagónico en el tratamiento de la noticia.

En el año 2012 el ANM toma contacto con el fondo fotográfico del diario a través de su Editorial. La magnitud documental y sus fechas extremas resultaban de gran interés dado que contemplaba el trabajo de registro de décadas signadas por las violencias del Estado y las respuestas sociales ante las mismas, dos de las dimensiones sobre las que dicha institución pública delimita sus objetivos. En la descripción archivística de esta colección el ANM afirma que luego de reconocer la cantidad de temas que integraba y que excedían su competencia, se sugirió a la Editorial el contacto con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno para evaluar la posibilidad de trasladar toda la documentación a dicha institución pública y que el ANM pudiese participar en su relevamiento y en la construcción de una colección específica vinculada a Derechos Humanos. Actualmente, dicha colección “está compuesta por 4596 sobres seleccionados en el proceso de relevamiento e investigación sobre un archivo de 4 millones de fotografías aproximadamente, distribuidas en 560 gavetas” (ANM, Catálogo en línea, 2023).

Como decíamos, el encuentro con las fotografías que aquí nos convocan desplegó una diversidad de preguntas y de miradas. En primer lugar, en su intertexto con otros documentos, estas imágenes nos permitían profundizar la producción significante sobre el operar de la Fuerza policial represiva y del aparato judicial durante los años previos al golpe de Estado de 1976, pero también nos devolvían otros signos ligados a las experiencias políticas de la década del ´60 y del ´70 y lo que, 50 años después, podía ser legibilizado en un Archivo de Memoria.

En el ordenamiento realizado por el Archivo las copias fotográficas son acompañadas por la imagen del sobre en papel en el que se encuentra guardado el documento original (la o las tiras de negativos). Cada uno lleva en su dorso una referencia espacial, temporal y acontecimental escrita a máquina o manuscrita. En algunos casos también el nombre del fotorreportero. Los tres sobres con los que trabajaremos refieren: “Guerrilleros en Córdoba presos 11/6/71” (21 fotogramas), “4 de abril de 1972 Conf. de prensa Depto. de Policía – Sobre Extremistas” (22 fotogramas) y “24 de agosto de 1972, Elementos secuestrados a extremistas” (16 fotogramas).

Ya sea por la referencia inscripta en el sobre o por los elementos en las imágenes (cámaras fílmicas, camarógrafos, micrófonos, escenas de reportaje) entendemos que los registros fotográficos realizados por el diario se produjeron a partir de la convocatoria de las Fuerzas a la prensa para cubrir las noticias oficiales.

Dada la magnitud de fotogramas en cada sobre, de las 59 fotografías hemos seleccionado cinco para abordar su semiosis y legibilidad en relación con el Fondo Camarón alojado en el ANM. Comencemos con dos fotografías tomadas en 1972, la primera es del 4 de abril, la segunda del 24 de agosto.

Imagen 1

Objetos secuestrados en allanamientos

Fuente: Biblioteca Nacional Mariano Moreno / Fondo Editorial Sarmiento. Subfondo Crónica. Colección Archivo Nacional de la Memoria.

Imagen 2

Objetos secuestrados en allanamientos

Fuente: Biblioteca Nacional Mariano Moreno / Fondo Editorial Sarmiento. Subfondo Crónica. Colección Archivo Nacional de la Memoria.

Si intentáramos producir una serie significante del operar represivo y su relación con los objetos, diríamos que estas dos fotografías se ligan a las estrategias discursivas del poder represor en torno a la significación de la “subversión”, de los “extremistas” y de su propio accionar, no sólo a partir de la inscripción pública de los objetos que constituirían las identidades “subversivas” (fundas de armas y balas conviven con los libros, máquinas de escribir, mimeógrafos, insumos sanitarios, pelucas, patentes, fotografías de vehículos), en un tejido discursivo delimitado, sino también sobre la legitimidad del accionar policial ante la peligrosidad representada sobre la mesa y su eficacia en la persecución y desintegración de tales organizaciones. Objetos presentados como “prueba” y “evidencia” de los delitos imputados, pero también como “trofeos” ante la prensa, victoriosos en la “lucha” ideológica.⁴ En diversas fotografías de este diario han quedado registradas largas mesas con los objetos clasificados por género y domicilio donde fueron encontrados, es decir, contextualizados y consignados en el archivo policial.

Ahora bien, hay otra serie de fotografías consignadas como “Guerrilleros en Córdoba presos 11/6/71” en las que no sólo se presentan los objetos que encarnan el sustantivo la subversión sino al sujeto de la subversión.

Las fotografías de presos y presas políticas, durante 1971 y 1972, tomadas por la policía durante su detención y reproducidas en medios, podrían integrar una misma serie junto a aquellas de militantes siendo juzgados por el Camarón y las utilizadas en los pedidos de captura. Un engranaje visual de la maquinaria represiva aceitada entre el poder ejecutivo y el poder judicial en su estado de excepción. Ahora bien, en estas memorias visuales hay una imagen que irrumpe desbaratando el montaje entre “lo legal” y lo ilegal propio de tal estado. Hemos visto una y otra vez la última fotografía de los dieciséis presos y presas políticas de Rawson que se han entregado “acordando” con juez y medios presentes garantías sobre sus vidas. Esa última imagen, días antes de ser fusilados, revela algo del límite franqueado en la programática represiva. Esa imagen y las siguientes -de los tres sobrevivientes baleados y las de algunos de los militantes fusilados que fueron publicadas en el diario Jornada- forman parte de las imágenes del horror revelado, de la caída de los velos. A estas fotografías se integran las reproducidas diariamente en diarios y televisión, en las que se exhibían los cuerpos de militantes asesinados en supuestos enfrentamientos o las que registraron a partir de 1974 las prácticas clandestinas de exterminio de los grupos paramilitares y parapoliciales, como la Triple A o el Comando Libertadores de América (que firmaban los asesinatos).⁵

Las fotografías tomadas en Córdoba en 1971 -que veremos a continuación- nos permiten legibilizar parte de las condiciones de producción y de posibilidad de las imágenes 1 y 2. Nos adentraremos en su semiosis a nivel de la significación y de la significancia, considerando dos de los elementos que coexisten en la imagen, el studium y el punctum. El primero, dirá Barthes:

tiene la extensión de un campo que yo percibo bastante familiarmente en función de mi saber, de mi cultura (…) remite siempre a una información clásica (…) Por medio del studium me intereso por muchas fotografías, ya sea porque las recibo como testimonios políticos, ya sea porque las saboreo como cuadros históricos buenos: pues es culturalmente (esta connotación está presente en el studium) como participo de los rostros, de los aspectos, de los gestos, de los decorados, de las acciones (2012, p. 64).

El punctum viene a escandir el studium. A diferencia de este último no es la persona que mira quién va a buscarlo, el punctum es “quien sale de la escena como una flecha y viene a punzarme” (p. 58), no está codificado, es del orden de lo innombrable, de lo desafiante. Esta herida punzante despunta, marca, inquieta lo que parecía estático bajo la forma imagen. Ahora bien, como refiere Barthes, aun si se distingue o no, se trata de un suplemento: en tanto es lo que añadimos a la foto “y que sin embargo está ya en ella” (p. 94).

Imagen 3

Detenido en el D2, Córdoba

Fuente: Biblioteca Nacional Mariano Moreno / Fondo Editorial Sarmiento. Subfondo Crónica. Colección Archivo Nacional de la Memoria.

Esta imagen (3), con la que inicia el negativo, muestra en primer plano a un hombre ingresando a una habitación. Me quedo mirando la tierra en sus zapatos.⁶

A nivel denotativo la puerta y las baldosas -el piso calcáreo- asumieron un lugar central. La referencia a la ciudad de Córdoba me interpelaba sobre esos elementos, recordaba haberlos visto. Nos comunicamos con el Archivo Provincial de la Memoria, para determinar si se trataba de una de las oficinas de lo que fue el Departamento de Informaciones de la policía de Córdoba (D2). El diseño del piso, la disposición de la puerta y su forma y el funcionamiento de tal dependencia para ese tiempo lo significaban: detenidos en el D2vii.

Como parte del studium las manos que sobre el borde izquierdo de la imagen quedan en primer plano sosteniendo un flash, ligadas al bolso de cintas apoyado en el piso abajo a la derecha significan desde el comienzo de la tira de negativos la presencia de la prensa no sólo gráfica, también televisiva. Son diversos los signos que, en toda la serie fotográfica, permiten pensar en la espectacularización montada para la prensa, una performance no sólo dedicada a la construcción de la otredad enemiga sino también a lo que, para ese tiempo, pensamos como demostración de fuerza y producción de legitimidad del accionar represivo en un marco particular de reconocimiento: el del Camarón. También permiten abordar la pregunta por el estatuto que la maquinaria represiva le ha conferido a los objetos.

En estas fotografías hay huellas que, siendo del orden del studium, marcan un tiempo en y de la imagen: la textura de la fotografía, la vestimenta y los objetos de prensa. También la escritura del operator en el sobre que consigna la tira de negativos nos entrega una temporalidad de producción. Hay una secuencia de fotogramas que permite, en parte, significar el uso de la fotografía en la construcción discursiva del poder represor atendiendo a determinadas condiciones de circulación.

En un trabajo de montaje miramos/leemos estas fotos en relación con otras del mismo acervo y en intertexto con las fotografías del durante y el después de la desaparición forzada perpetrada por el Estado (García y Longoni, 2013). En este sentido, podemos pensarlas como fotografías de la programática de la desaparición forzada de personas, como parte de las condiciones de producción y de posibilidad de la sistematicidad del terrorismo de Estado en Argentina.

En esta primera imagen (3) ubicamos el punctum barthesiano en la mano apoyada sobre la puerta -en el margen izquierdo de la fotografía-. Por medio del studium, reconociendo las condiciones de producción de la imagen, podemos conjeturar que se trata de la mano de una mujer. Lo que punza de ese signo-cuerpo es la posible presencia en imagen de una de las dos mujeres torturadoras del D2. El uso del condicional remite a que, al ser sólo parte de una mano lo que puede verse en el conjunto de imágenes de ese sobre, no podemos afirmar de quién se trata. Ahora bien, ese signo irrumpe en la escena abriendo la posibilidad de articular lo visible y lo invisible en imagen. Como sostiene Tello Weiss: “el universo de la represión, y en particular el concentracionario, tuvo una fuerte impronta de género, caracterizándose por haber estado dominado casi exclusivamente por hombres, siendo los casos de mujeres implicadas directamente en la represión mucho más escasos” (2014, p. 14).⁸ Si bien, analizar la participación de mujeres en la maquinaria del terror de Estado, su pertenencia a las Fuerzas y, particularmente, a un Departamento de Inteligencia policial, ameritaría una lectura en clave de género que excede a este trabajo, no podemos soslayar que, en Córdoba, los/as sobrevivientes del D2 testimonian recurrentemente sobre la presencia de dos mujeres torturadoras, particularmente por su saña y su crueldad: Argentina Mercado de Pereyra, alias “la Tía” y Graciela Antón, alias “Cuca”.⁹ Dado que el ingreso de esta última al D2 data de 1974, con 20 años, la imagen de la mano sobre la puerta nos lleva a pensar en la presencia de “la Tía” Pereyra, quien ya en la dictadura de Onganía, entre 1966 y 1970, participaba de las prácticas de tortura y tormentos sobre los/as detenidos/as. De todos modos, aun cuando no es posible vía las imágenes afirmar que se trata de una mujer represora, lo que nos interesa en este punto es pensar las operaciones de sentido que la legibilidad de una fotografía posibilita. Particularmente, lo que heterogéneas miradas pueden desplegar en torno a los hechos de legibilidad: los rostros; la evidencia visual —lo que debería poder ser visto— y lo que la evidence de la imagen no ofrece acceso, esto es, su atmosphäre y stimmung simultáneamente: en el más allá de la evidencia visible se encuentra “el aire de las imágenes” (Didi-Huberman, 2015). Lo que no puede verse en imagen y que sin embargo anida en ella. Dicha operación no es sólo condición de la semiosis de la fotografía, sino de todo texto. Desde el síntoma freudiano a la interpretación de los sueños, la hermenéutica de lo latente, las significaciones entre líneas y la insistencia del más allá del sentido, nos enfrentan con la semiosis imposible, en el entre la significación y la significancia, entre la huella y el resto.

Imagen 4

Detenidos en el D2, Córdoba

Fuente: Biblioteca Nacional Mariano Moreno / Fondo Editorial Sarmiento. Subfondo Crónica. Colección Archivo Nacional de la Memoria.

En la segunda fotografía del negativo (4) ya son tres las personas en primer plano. Las miradas, los diálogos y las preguntas que emergieron frente a estas fotografías fueron diversas, pero hubo una que con intensidad atravesó todas las otras: ¿quiénes son los militantes fotografiados? En la semiosis de las imágenes y sus tratamientos políticos esta pregunta refuerza su sentido en relación con las implicancias y los estragos del plan sistemático de desaparición forzada de personas cuyas condiciones de posibilidad comprendemos íntimamente ligadas a las condiciones de producción de las fotografías.

La bandera y otros objetos desplegados sobre la mesa (que como puede verse en otras fotografías están etiquetados) nos orientaban sobre su militancia, al parecer eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). De todos modos, al ser una escena construida por la policía para ser registrada por la prensa podía ser fraguada, como ha sucedido con otras imágenes.

En la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, tomando como referencia la fecha inscripta en el sobre (11 de junio de 1971), consultamos los distintos ejemplares del diario de los tres días previos y los tres posteriores. Ninguna de las imágenes había sido publicada en esos ejemplares, pero sí una noticia sobre detenciones en Córdoba en el matutino del 10 de junio de 1971, es decir, un día antes de la toma de las fotografías según la fecha registrada en el sobre. Si tomamos ambas referencias temporales, la de la nota y la del sobre de negativos fotográficos, adviene una conjetura posible: primero salió publicada la noticia de la detención y, al otro día, fueron convocados los fotorreporteros al registro de los detenidos. Esto asume sentido al consultar otros diarios en los que la detención de los militantes es ubicada entre el 5 y el 6 de junio en notas del día 16. Nos detendremos en la nota del diario Crónica, no obstante, la publicada en el diario Clarín no reviste mayores diferencias en cuanto a los datos proporcionados.

La crónica narra la detención, en tres “operativos” distintos, de nueve jóvenes a los que “fuertes evidencias sindican como integrantes de comandos guerrilleros”. Ya en el segundo párrafo, antes de proseguir con la narración, aseveran que son noticias “bastante confusas debido en gran parte al cerrado hermetismo policial. Todos pertenecerían al ERP” -hermetismo que al parecer fisuran en los siguientes días convocando a la prensa-. Se menciona un asalto a IKA-Renault por el que habrían sido detenidos cinco de ellos, pero inmediatamente afirman que esa hipótesis ha quedado descartada. A continuación, sostienen: “se habría establecido que participaron en algunos asaltos a camiones con mercaderías que después repartieron en barriadas humildes”. Ubican la detención de otras cuatro personas en un camino cercano a la localidad de Río Ceballos donde la policía acude porque “su presencia fue denunciada”. De estos cuatro, dos “fueron apresados”. Sobre el otro hecho, afirman que en un colectivo de la línea Río Ceballos – Córdoba, interceptado en la ciudad de Villa Allende, han sido detenidas otras dos personas. En ambos casos mencionan que fueron “secuestradas armas” y que, presuntamente en la zona de La Quebrada, Río Ceballos, harían “prácticas de tiro”. Línea siguiente, explicitan que los cuatro detenidos serían: Carlos Gutiérrez, José Gutiérrez, Julio Sachi y José Rodríguez.

En esta misma nota comunican “otro detenido se llamaría Daniel Segura, cuyo domicilio fue allanado, encontrándosele material subversivo, listas de nombres y domicilios, y folletos con instrucciones sobre guerrilla urbana”.

Luego de una larga búsqueda en los órganos de prensa del PRT y del ERP, en bases de datos del Archivo Nacional de la Memoria, del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba y en redes sociales -particularmente en páginas de homenajes y recordatorios- pudimos nombrar a los militantes fotografiados. En esta última fotografía (4) a la izquierda se encuentra José Heriberto Gutiérrez Taborda,¹⁰ al medio Carlos Gutiérrez y sobre el margen derecho de la imagen Julio Sachi, los tres militantes del PRT.

Ahora bien, en una página de homenaje a militantes de dicho partido, en la red social Facebook, encontramos otras fotografías que recuerdan a Carlos, José y Julio. En el texto que acompaña la de Carlos se enuncia:

En 1971, durante una práctica en Rio Ceballos, cayó preso, y aún recordamos su sonrisa y su optimismo, levantando sus manos esposadas con el símbolo de la victoria ante las cámaras fotográficas y de la televisión. Alguna noche, en un fogón hachero de su lejana Sachagaj, parcos obreros forestales expresaron su recuerdo y admiración por el "hijo de Rolando" que estaba preso por luchar a favor del pueblo. (Página de Facebook Héroes del PRT-ERP, 21 de octubre de 2021. Resaltado del original).

Es decir, las fotografías circularon en medios de comunicación, no sólo aquellas que significaban su detención, también sus gestos de resistencia. Volveremos sobre esto.

Existen vastos análisis acerca de la organización, la construcción política, las acciones y operativos del PRT-ERP en Córdoba y sobre la ofensiva represiva de la dictadura militar, que nos permiten abordar las condiciones de producción de las fotografías 3 y 4. Al adentrarnos en la legibilidad histórica de estas imágenes nos encontramos con diversos acontecimientos políticos y con la escalada de la violencia dictatorial -y sus estrategias jurídicas- en diversas regiones del país. Por tal motivo, nos centraremos en algunos hechos que tuvieron lugar días posteriores a la toma de las imágenes y que permiten abordar el marco de reconocimiento de la noticia y lo acontecido con los militantes detenidos.

Días después de su detención, el 16 de junio, la dictadura de Lanusse promulgó la Ley 19.081 que entre sus artículos disponía facultar al Poder Ejecutivo a emplear las FF.AA. en la prevención e investigación militar de los delitos de competencia de la CFPN. Allí también determinaban que “las personas detenidas, junto con los elementos probatorios obtenidos, serán puestas a disposición de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación o de la justicia militar cuando ello correspondiere” (art. 7). Es decir, el Ejecutivo expandía la intervención represiva de las Fuerzas Armadas que consolidaban el control operacional y de inteligencia en terreno de las Fuerzas de Seguridad y las subordinaban a sus órdenes (relación que en los años sucesivos generaría diversidad de disputas). Pero también, en esta ley, reforzaban el marco judicial del Camarón, el dominio sobre las personas detenidas y los “elementos probatorios”.

En relación con los medios de comunicación, Leandro Inchauspe (2008) analiza cómo entre 1970 y 1971 el PRT-ERP logró instalarse rápidamente en el escenario mediático cordobés, siendo sus acciones ampliamente difundidas en los diarios locales. Así lo describe el autor, citando una nota publicada en el diario La Voz del Interior el 9 de diciembre de 1970:

A poco del inicio de las operaciones guerrilleras, la prensa ya daba cuenta tanto de la seguidilla de acciones como de las dificultades de la represión estatal para enfrentarla: la policía […] no da en la tecla para poner coto a las actividades de los comandos, mostrándose impotente para frenar esta ola de hechos que inquietan a la opinión pública […]. De nuevo […] una ‘confiscación’ […] del ‘Ejército Revolucionario del Pueblo’, grupo que está cumpliendo gran actividad en nuestro medio (2008, p. 39 - resaltado del original).

Las coberturas periodísticas, advierte Inchauspe (2008), no sólo se producían sobre sus acciones exitosas, también eran impulsadas por los “resultados” de la represión policial. El intento de las Fuerzas de inscribir en lo público el triunfo contra “los extremistas”, tal como lo mencionábamos anteriormente, encuentra relación con “la decisión policial, acompañada por parte de la prensa, en silenciar la aparición explícita de las organizaciones armadas” (p. 51) e incluso con el montaje periodístico de una serie de interpretaciones al “explicar simultáneamente supuestas dificultades del ERP por las ‘caídas’ y el incremento de sus acciones” (p. 41), advirtiendo que se debían a “entrenamientos” de “nuevos elementos reclutados” (La Voz del Interior, 10 de junio de 1971, citado en Inchauspe, 2008, p. 41).

Ahora bien, como sostiene el autor, “mientras la prensa insistía en esta línea el ERP realizó otra acción de gran impacto” (p. 41). El 12 de junio de 1971, a días de las fotos tomadas a Julio Sachi, José Gutiérrez Taborda y Carlos Gutiérrez, tuvo lugar la fuga de cinco militantes detenidas en la cárcel del Buen Pastor: Ana María Villareal de Santucho, Diana Triay de Llorens, Alicia Quinteros y Silvia Urdampilleta, del PRT-ERP y Cristina Liprandi de Vélez, de Montoneros. Durante los siguientes seis días, esta acción ocupó tapas y páginas de diarios que ponían en escena la precisa, audaz y efectiva organización de la fuga lograda. No fue la única: un día después, el 13 de junio, Emilio Enrique Arquiola, militante del PRT-ERP, burlando a toda la guardia de la Jefatura de policía provincial, también logró fugarse por la estrecha ventana del baño.

Con la velocidad de un tiempo urgente, se suceden distintas acciones. También el intento represivo de la dictadura de sofocarlas. Tres meses después de las fugas, durante los primeros días de septiembre, los diarios de Córdoba atribuían a la fuerza policial un “triunfo” sobre la guerrilla, el de arrestar al “cabecilla de la organización guerrillera en el orden nacional (…) uno de los fundadores del Partido Revolucionario de los Trabajadores, aparato político de la guerrilla” (Diario Los Principios, 3 de septiembre de 1971, citado en Inchauspe, 2008, p. 42). El 31 de agosto había sido detenido Mario Roberto Santucho junto a Enrique Gorriarán Merlo, Jorge Ulla, y Humberto Toschi, miembros de la Dirección Nacional del PRT. Desde Córdoba fueron trasladados al penal de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires. El 28 de marzo de 1972, mediante el Decreto Secreto1674, se ordenó su traslado a la Colonia Penal U.6 de la ciudad de Rawson, Chubut. ¹¹

Volvamos a septiembre de 1971. El día 7 Lanusse decretaba, “visto que se hace necesario mantener la tranquilidad pública” y “de acuerdo a las facultades que le confiere el estado de sitio vigente” (Decreto Secreto 3722/1971), el traslado de Julio Sachi, Carlos Gutiérrez, José Heriberto Gutiérrez, Daniel Segura -cuyo nombre se menciona en la nota del diario- y de otras 17 personas al penal de máxima seguridad de Rawson.

El 9 febrero de 1972 otro Decreto Secreto (722/1972) considera “que han desaparecido las causas que determinaron las medidas adoptadas (…)” y determina que se deje “sin efecto la detención a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” de 32 personas, entre éstas Julio, Carlos, José y Daniel. Sin embargo, en nota de la edición matutina del diario Crónica, publicada el 11 de febrero, se hace referencia a que, particularmente, estas cuatro personas “quedan a disposición de sus jueces naturales por tener proceso judicial pendiente”.

El 18 de mayo de 1972, Lanusse vuelve a emitir un Decreto Secreto 2995/1972 para ordenar la detención a disposición del PEN de estos cuatro militantes en la Unidad Carcelaria Nº 7 de Resistencia, Chaco.

Para esa fecha la preocupación por el control de las comunicaciones en distintos medios atravesaba con insistencia las reuniones de la “junta de comandantes en jefe en funciones de gobierno”.¹² En el acta N° 11/72, del 26 de marzo de 1972, entre los diversos temas descriptos se encuentra la resolución que dispone, “luego de un intercambio de opiniones”, que el Ministerio de Justicia “eleve para su inmediata sanción el proyecto de ley destinado a impedir la utilización de los medios de comunicación social para propagar especies provenientes de asociaciones ilícitas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o de terrorismo” (Ministerio de Defensa, Tomo I, 2022, p. 192). Hacia el final afirmaban: “se exhorta a los medios de difusión que eviten ser instrumentos involuntarios de quienes tratan de destruir nuestras instituciones básicas” (Ministerio de Defensa, Tomo I, 2022, p. 192). Es decir, el control, la persecución y la censura a los medios para evitar cualquier tipo de comunicación acerca de las acciones de organizaciones políticas, armadas, estudiantiles, gremiales, se profundizaba nuevamente amparada y vehiculizada por la figura de una ley que sancionaría un presidente de facto. También por el amedrentamiento. En el “intercambio de informaciones”, transcripto en párrafos anteriores previo a las resoluciones, planteaban la posibilidad de sacar un comunicado de prensa en los matutinos para “la modificación de la actitud de la prensa en el sentido de servir voluntaria o involuntariamente a la acción psicológica perseguida por la organización subversiva” (Ministerio de Defensa, Tomo I, 2022, p. 191).

El proyecto de ley al que hacían referencia es aquel que introduciría el artículo 212 en el código penal. Para redactarlo, luego de las “opiniones” elevadas por cada Fuerza, se aprueba el texto propuesto por la Armada con la modificación que sugiere el Ejército para agregar el adjetivo “atribuible” y no sólo “atribuidas” para referirse a las comunicaciones de grupos o personas subversivas. La reincorporación del artículo fue sancionada por Lanusse, a través de la Ley 19.797, el mismo día en el que ordenó fusilar a los 19 militantes que habiendo escapado del penal de Rawson no lograron fugarse: “el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicaciones o imágenes provenientes de o atribuidas o atribuibles a asociaciones ilícitas o a personas o a grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o de terrorismo será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años” (Artículo 212, Ley 19.797, 22 de agosto de 1972).

En el acta 31/72 de la Junta, ese 22 de agosto, los diferentes comandantes en jefe de las tres armas “expresan” y “aprecian” cómo deben retirarse “cuanto antes de Trelew los restos del personal en cuestión, dado que ya se están reuniendo en dicha localidad familiares de los mismos, además de asesores legales y otro tipo de personas” (Ministerio de Defensa, Tomo II, 2022, p. 213. El resaltado es nuestro). En relación con los medios de comunicación sentencian que se debe informar a los directivos de todos los medios de difusión oficiales y privados:

que deben regular su actividad específica de manera tal de a) Suprimir todo factor irritativo, b) Llamar la atención sobre las consecuencias de la violencia y calificar con dureza a sus autores, c) Destacar todo aspecto positivo de la situación del país, d) Destruir la imagen de todo aquél que se oponga al proceso de institucionalización del país mediante la subversión o el terrorismo, e) Colaborar en el proceso de institucionalización, para lo cual deben adoptar medidas que impidan que la libertad de prensa sea utilizada, directa o indirectamente, en favor de la subversión y/o el terrorismo (Ministerio de Defensa, Tomo II, 2022, p. 219).

El terror de Estado planificado comenzaba a ejecutarse a fuerza de balas y leyes. 50 años después “las imágenes de los opositores” que los mismos represores produjeron, son subvertidas en sus significaciones, se abren a la mirada de “lo que vemos, lo que nos mira” (Didi-Huberman, 2010) y nos devuelven el gesto-fuga de tres militantes que toman posición, gesto de resistencia que retorna con otros cristales, otras zonas de luces y sombras, para legibilizarlo al compás de las memorias.

Imagen 5

Los dedos en ve, gesto de resistencia

Fuente: Biblioteca Nacional Mariano Moreno / Fondo Editorial Sarmiento. Subfondo Crónica. Colección Archivo Nacional de la Memoria.

De este lado del mundo, en un Archivo de Memoria, con las prácticas de naturalización que también nos atraviesan, miramos esta fotografía (5) -antes de saber quiénes eran los militantes- y esbozamos rápidamente una semiótica peronista y, por extensión, la pregunta acerca de la pertenencia orgánica de los tres fotografiados pues los objetos en las imágenes introducían disruptivamente un problema significante.

El sentido obvio -fulminante de toda ambigüedad- se estalló con la fuerza vivificante de la lengua y su polisemia, a partir de la mirada de Martín, militante en los ´70: “es la V de la Victoria, la V de Venceremos”.

La bandera del ERP desplegada para la foto, el “etiquetado” de los objetos con la sigla del Partido Revolucionario de los Trabajadores, la cantidad de ejemplares de las obras completas de Lenin, nos enfrentaban también con el estatuto de los objetos y de su imagen en la configuración discursiva de identidades que el Estado ha consignado sistemáticamente en sus archivos. El tratamiento de los objetos reunidos, clasificados, nombrados y dispuestos junto a los detenidos, forman parte de una cadena significante que queda fijada en la celulosa.

Pero también, en su pasaje de archivo, estas imágenes abren la pregunta sobre lo que dicho movimiento subvierte en sus sentidos, lo que retorna y lo que insiste inatrapable. En esta línea conjeturo que el secuestro de esa heterogeneidad de objetos no sólo derivaba del interés por constituir la prueba de la “subversión” o del “ideario comunista”, el certificado de la existencia de esa otredad política ideológica peligrosa y, frente a ésta, el poderío de las Fuerzas para reprimirla; sino también del reconocimiento de la potencia pasional atribuida a los objetos, de lo que son capaces de movilizar, producir y hacer sentir. Si nos detuviéramos en el análisis de las violencias represivas de las Fuerzas en Argentina, diríamos que su intento por conjurar, sofocar y profanar la potencia de ciertos signos, objetos, nombres y cuerpos -aun después de muertos- es parte de su iterabilidad constitutiva. Cuerpos profanados, robados, ultrajados; cuerpos desaparecidos; señas, siglas y palabras prohibidas, un arsenal de prohibiciones sobre significantes que ya no pueden ser dichos, impresos, pintados, entonados, vestidos, compartidos.

El decreto de proscripción del peronismo quizás sea el esfuerzo más explícito por amarrar lo indomable, por controlar esa potencia que le adjudican. Intertexto de aquel enunciado del 22 de agosto de 1972 acerca de “destruir la imagen” del opositor. Así comenzaba:

Visto el decreto 3855/55 (6) por el cual se disuelve el Partido Peronista en sus dos ramas en virtud de su desempeño y su vocación liberticida, y considerando: Que en su existencia política el Partido Peronista, actuando como instrumento del régimen depuesto, se valió de una intensa propaganda destinada a engañar la conciencia ciudadana para lo cual creó imágenes, símbolos, signos y expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas.

En el ordenamiento y la clasificación de los objetos en imagen, así como en la convocatoria al registro de la prensa, reconocemos la maquinaria burocrática propia de las Fuerzas (cuyo ritual de registro atravesó incluso su propia práctica clandestina); su fervor por la certificación y la constancia e incluso podríamos decir, el ejercicio de un fetichismo con los objetos “incautados”. Pero también, en esos conjuntos ordenados y etiquetados late la restancia inasible de los objetos y los signos.

En tanto materialidad de las pasiones, los objetos constituyen un reservorio poderoso, fuerza inquietante capaz de movilizar otros cuerpos. Esta experiencia sobre la que se despliega el campo religioso se desplaza hacia la política que, frecuentemente, la recupera en términos de “tener mística”.¹³ Los objetos son su superficie, son condición de su desplazamiento y circulación, también de su condición performática.

Ahora bien, ¿qué es lo que late en los objetos? Podríamos pensar aquí en el significante polinesio “mana” -fuerza, poder oculto- que Mauss (1979, p. 122) trae a escena advirtiendo “no es sólo una fuerza, un ser, es también una acción, una cualidad y un estado. Es decir, es a la vez un sustantivo, un adjetivo y un verbo”. Luego de varios recorridos por la constelación trazada, los intentos fallidos de nombrarlo o de alcanzar un significante que alcance a recubrirlo nos han encontrado con lo que insiste inatrapable e indomable: lo pulsional y espectral de/en tales objetos.

Entonces, diremos, dicha dimensión espectral de los objetosxiv -también de las imágenes- que conformaron el tejido de la experiencia política de los ´60 y los ´70 y que, con sus desplazamientos, atravesaron y atraviesan otras prácticas políticas, no pueden desligarse de las tramas de la justicia imaginal que, como promesa “será imprescindible para la reafirmación e invención con lo heredado y con las memorias, en el umbral de justicia para una política otra” (Magrin, 2023). Aquella justicia que no será posible o pensable sin un principio de respeto y responsabilidad:

en aquello que desquicia el presente vivo, ante los fantasmas de los que aún no han nacido o de los que han muerto ya, víctimas o no de guerras, de violencias políticas o de otras violencias, de exterminaciones nacionalistas, racistas, colonialistas, sexistas o de otro tipo; de las opresiones del imperialismo capitalista o de cualquier forma de totalitarismo. Sin esta no contemporaneidad a sí del presente vivo, sin aquello que secretamente lo desajusta, sin esa responsabilidad ni ese respeto por la justicia para aquellos que no están ahí, aquellos que no están ya o no están todavía presentes y vivos, ¿qué sentido tendría plantear la pregunta «¿dónde?», «¿dónde mañana?» (whither?) (Derrida, 1998, p.13).

No puede pensarse el trabajo de archivo desplegado sobre estos objetos en un Archivo de Memoria sin la dimensión afectiva y sensible que soportan. Los afectos que atraviesan sus tratamientos y disputas al interior del ANM también evocan el resto que se escabulle a pesar de los ocultamientos y los desgarros, el fuego, los encierros y los sótanos. Allí entendemos la dimensión subversiva del pasaje de desecho a resto en las políticas y trabajos de memoria (Magrin, 2023). Las tensiones sobre sus tratamientos archivísticos, semióticos, estéticos, académicos - ¿qué se hace con los objetos?, ¿se instalan originales, se hacen copias para ser mostrados?, ¿cómo se guardan y conservan?, ¿quiénes pueden sacarlos a la luz, tocarlos, mirarlos, decirlos?, ¿cómo guardarlos sin ocultarlos? - reabren las preguntas sobre la zona imposible del archivo de memoria que, entre el mal de archivo y el deseo de archivo, intenta contornear sus aperturas y cierres, sus significaciones y poderes. Tal superficie se encuentra horadada por una política del afecto que cruza al archivo hablado polifónicamente por diversos sujetos y lugares de enunciación.

Elegimos finalizar este texto nombrando algunos de “los objetos secuestrados por el Camarón” que, en su pasaje de archivo, subvierten sus sentidos y nos devuelven las memorias de sus productores, de sus usos, huellas y restos. Convocar a nuevas lecturas, miradas y diálogos en la insistencia de su irreductibilidad es parte del sentido de esta escritura.

En cajas, envueltos, en mesas y repisas, sobre la paredes, en monitores, en imágenes, en la lengua de quienes los trabajan, así nos encontramos con los objetos¹⁵: afiches, pancartas y banderas que aguardan su limpieza con la sutileza de quienes trabajan en su conservación, de quienes se detienen en las firmas en lápiz que emergen de sus dorsos, en los agujeros hechos en su confección para que pase el viento, en las pinturas, las telas de algodón, las sábanas y los papeles de distintos gramajes que son superficie de diversas consignas, demandas, denuncias y lecturas políticas de organizaciones revolucionarias, estudiantiles, sindicales, en distintos textos y contextos. Materiales de prensa y propaganda, documentos de formación política. Medicamentos, equipos e insumos médicos con sus cajas descoloridas, abolladas que, en su legibilidad histórica, hablan de las postas sanitarias, las formaciones en los oficios de atención médica, de estudiantes, médicos y enfermeros/as organizados, de su centralidad en las organizaciones políticas armadas ante el recrudecimiento de las violencias represivas, de los allanamientos del Camarón en casas donde funcionaban “hospitales de campaña”, de las detenciones y juicios. La ropa y el calzado, los manuales de entrenamiento, los libros, los diversos objetos de producción casera o artesanal como las bombas “panfleteras” o “lanzavolantes”, también aquellas de estruendo para actos y manifestaciones, los clavos “miguelitos”, los tizones para pintadas callejeras. Las producciones de las áreas de documentación de las organizaciones, los papeles con membretes, los sellos, los mimeógrafos y las máquinas de escribir. Las patentes de distintas provincias adulteradas con recortes de cinta negra que cambian la forma de números blancos y los transforman en otros. Los papeles personales de militantes, cartas de puño y letra, carnets de afiliación, manuscritos de canciones políticas e “himnos” históricos. Incluso aquella tapa de mesa que lleva pintada la sigla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y que, en octubre de 1972, fue fotografiada y publicada en el órgano de prensa de esta organización junto al texto que comunicaba un conocido operativo en un lujoso hotel -que también fue parte de aquella canción entonada por los/as militantes sobre el imperativo de su hermosura cuando allí se emplazara el Hospital de Niños-.

“No se sabe lo que una imagen puede” hemos leído y escuchado con heterogéneos tonos y acentos. No se sabe todo lo que una imagen puede no sólo por su irreductibilidad y sus desplazamientos sino porque además no hay imagen-toda. Su condición de fragmento y su relación con lo espectral nos devuelven algo de la experiencia de la promesa que está siempre por venir -lo que implica empeñarse en el deseo, en la decisión, en la responsabilidad sobre un fondo indecidible-.

José, Julio, Carlos y Daniel, presentes, ahora y siempre

José Heriberto Gutiérrez, nació el 13 de agosto de 1942 en la ciudad de Córdoba. Era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue secuestrado el 1 de abril de 1976 en barrio Cofico. Permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "La Perla". El 2 de abril de 1976 fue retirado de allí junto con Mario Luis Finger, Elsa Alicia Landaburu y Hugo Osvaldo López; y fueron asesinados en un enfrentamiento fraguado frente al colegio Manuel Belgrano. Sus restos fueron retirados del Hospital Militar de Córdoba por su familia. Los responsables de su asesinato fueron juzgados y condenados el 25 de agosto de 2016 en el Juicio Megacausa "La Perla-La Ribera-D2". Tenía 33 años (APM, Presentes).

Julio Ramón Sachi, nació el 7 de octubre de 1944, en la ciudad de Córdoba. Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Fue asesinado el 17 de febrero de 1976, por el Comando Radioeléctrico de la policía de Córdoba, en presencia de su esposa y sus hijos (APM, Presentes).

Daniel Segura, nació el 18 de julio de 1949 en Río Segundo, provincia de Córdoba. Casado y padre de dos hijos, trabajaba como jornalero. Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue secuestrado la mañana del 6 de octubre de 1978 en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Tenía 29 años. Aún continúa desaparecido (APM, Presentes).

Carlos Gutiérrez, nació en Sachagaj, Santiago del Estero. Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue asesinado en Catamarca, el 12 de agosto de 1974, cuando fueron cercados por la Fuerza policial mientras se dirigían a un operativo del ERP. El resto de militantes que se encontraban en el ómnibus en el que se trasladaban fueron fusilados en la " Masacre de Capilla del Rosario" (ANM).

Referencias

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Notas

Recepción: 15 Agosto 2023

Aprobación: 31 Octubre 2023

Publicación: 01 Julio 2024

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional